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Los partidos políticos deben sujetarse a “altísimas responsabilidades” en materia de transparencia, no pueden vivir de recursos públicos y no someterse al escrutinio, al “follow the money”, planteó la consejera María Marván, quien preside el órgano garante de transparencia del Instituto Federal Electoral (IFE).

Marván Laborde y el consejero Marco Antonio Baños Martínez pidieron a los diputados considerar que hoy los partidos ya son sujetos obligados ante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero lo son de manera indirecta, a través del IFE.

Ahora se precisa que, como todo ente que emplea recursos públicos, sean también sujetos obligados directos y respondan ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), que según la minuta en estudio de los legisladores ya contaría con autonomía constitucional.

“Los partidos deben tener un régimen fortalecido de información pública, ejercen recursos públicos y en consecuencia cualquier persona y ciudadano debe tener información sobre ellos”, expuso Baños Martínez, integrante de la Comisión de prerrogativas y partidos políticos del IFE.

Marván explicó que las leyes de transparencia buscan acercar a los ciudadanos información sobre la gestión gubernamental o de Estado y “en última instancia lo que buscan es que el ciudadano pueda seguirle la pista al dinero. Dicen en inglés ‘follow the money’ y hoy los partidos por mandato constitucional viven fundamentalmente de recursos públicos”, por lo que procede su apertura.

“No podemos al mismo tiempo decir que vivan de recursos públicos y no darles responsabilidades altísimas en materia de transparencia”, estableció la consejera.

En medio de la discusión en la Cámara de Diputados sobre la incorporación de los partidos como entes obligados a la transparencia, ambos consejeros observaron que las fuerzas políticas no tendrían por qué quedar fuera de la esfera del IFAI y hasta les sería benéfico.

Un cambio así traería varias consecuencias, explicaron, entre ellas la obligación que tendrían los institutos políticos de crear y tener abiertas al público unidades de enlace para recibir de manera directa solicitudes de datos.

También deberán atender estas peticiones directamente y responder ante el IFAI ante eventuales inconformidades ciudadanas por las respuestas obtenidas.

Eso acortaría tiempos, por lo que “yo no veo más que ventajas”, dijo Marván, quien consideró una adicional: separar “la vida electoral del acceso a la información”.

Esto, porque si hoy un ciudadano se inconforma con la respuesta obtenida, debe acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que le obliga —expuso— a convertirse en un experto en derecho electoral y derecho a la información.

Explicó, sin embargo, que habrá datos de los partidos que por ley estén en poder del IFE (como la relativa a fiscalización), por lo que es un aspecto a cuidar en la regulación secundaria.