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Con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Secretaría de Gobernación (SG) instruyó a que se acelere la capacitación de todos los actores involucrados en el nuevo modelo penal acusatorio que deberá entrar en vigor en 2016.

Ayer, durante la sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, en Gobernación, el titular de esa dependencia Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que no debe haber ningún pretexto para cumplir con el compromiso constitucional y por la exigencia ciudadana.

Osorio Chong precisó que las penas para quien comete un delito no grave podrán ser distintas a la prisión, los imputados están en igualdad de derechos, se establece la investigación científica de los delitos, y los casos graves serán juzgados en audiencias públicas.

A partir de 2016, 90% de los casos penales se resolverá a través de la justicia alternativa, agregó.

Establecerán cronograma

El funcionario aseguró que la decisión del gobierno por impulsar este proceso es clara, por lo que convocó a la secretaria Técnica del Consejo, que dirige María de los Ángeles Fromow, a acelerar los trabajos de coordinación y a establecer un cronograma con las acciones y plazos a cumplir por estado.

La ex fiscal de la PGR explicó que entre los acuerdos alcanzados se elaborará un diagnóstico, entidad por entidad, que permitirá con fundamentos técnicos apoyar con recursos económicos a aquellos estados que requieran infraestructura.

Fromow dijo que para este año se duplicaron los recursos de ese organismo, que pasaron de 458 millones de pesos a 970 millones de pesos.

“Además se consiguió por parte del Congreso de la Unión un fondo exclusivo para infraestructura de cinco mil millones de pesos, que no es suficiente, por eso estamos haciendo un esquema en cada una de las entidades, analizando cómo podemos aterrizarles otros recursos y estableciendo cómo pueden alcanzar la meta en todo lo que requiere el sistema”, explicó la funcionaria federal.

En entrevista, Fromow Rangel aseguró que además se acordó acelerar el paso en la capacitación de los operadores de manera homologada y transversal, acorde con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; las leyes de Justicia Alternativa y de Ejecución de Sanciones que emitirá el Congreso. Esta capacitación podría ser conjunta entre jueces, defensores y ministerios públicos.

Dijo que también se impulsará en las universidades un modelo único para la impartición de la materia de Derecho Procesal Penal y de la licenciatura en Ciencias Forenses.

Alejando Martí, presidente de México SOS, aseguró que —a propuesta suya— en la próxima sesión del Consejo Nacional se transparentará el informe de avances de la reforma al sistema de justicia penal. “Esto es muy importante para que los ciudadanos, todos, estemos enterados de qué estados están avanzando y qué estados no están avanzando, porque nos quedan dos años y medio (para la implementación del nuevo modelo programada para 2016)”, añadió.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, expuso que la propuesta de los tribunales del país es priorizar la asignación de recursos para infraestructura y capacitación, pues se necesitan centenares de salas para la implementación del nuevo modelo acusatorio.

“El problema que se va a presentar es cómo garantizar la implementación del sistema penal acusatorio porque es muy costoso. Los tribunales vamos a solicitar que se nos garantice de alguna forma la operación”, dijo el magistrado.

Elías Azar aseguró que el gasto corriente de los tribunales se incrementará de manera considerable, por ejemplo, la operación del Tribunal de Justicia del DF costará más de mil millones de pesos adicionales al año y esos son gastos que impactan a las economías de las entidades del país.