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Desde el año 2000 a la fecha, el Congreso de la Unión ha conocido al menos nueve iniciativas vinculadas al debate de la legalización de la mariguana. Ninguna propuesta ha trascendido y sólo se han quedado en el anecdotario parlamentario.

Las ideas para abordar el tema son diversas y van desde redefinir las zonas de atención prioritaria en materia de empleo en el campo, es decir, identificar las regiones susceptibles para dedicarse a la siembra legal de la mariguana, hasta la de crear la Ley General para el Control de la Cannabis, modificando la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción.

De las nueve iniciativas presentadas, cinco fueron desechadas por el pleno atendiendo diversos motivos; tres quedaron en calidad de trabajo pendiente en comisiones, ya sea en las cámaras de origen o revisora, y una fue retirada por el legislador que la propuso.

El diputado del PRD, Fernando Belauzarán, en los últimos meses ha presentado dos iniciativas en las que propone regular la producción, el procesamiento, la distribución, venta y el consumo de la cannabis.

El legislador consideró facultar a la Secretaría de Salud para establecer lineamientos que garanticen la instrumentación y ejecución del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación a los Consumidores de la Cannabis y otras sustancias legales e ilegales.

Una de las ideas centrales es que todo establecimiento que procese, distribuya o venda productos derivados de la cannabis requerirá licencia sanitaria y para tal efecto se establece el pago de derechos en la ley de la materia; precisar las obligaciones tanto de los productores, de quienes procesen los productos, de las personas que comercialicen y de los autoproductores de mariguana.

Disponer en leyes secundarias que el monto recaudado por impuestos será destinado al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Tratamiento de las Adicciones y Rehabilitación de los Consumidores de la Cannabis.

Asimismo, determinar que los fabricantes, productores, procesadores, empaquetadores, distribuidores y vendedores de los productos derivados de la cannabis, deberán estar inscritos en el padrón de contribuyentes de distribuidores y vendedores de los productos derivados de la cannabis, a cargo de la SHCP, para poder solicitar marbetes (cédula que se adhiere a objetos en el que se imprime la marca de fábrica y expresa su contenido) según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La propuesta también especifica que no se penalizará la portación de cannabis sativa, híbrida, índica y americana o mariguana, su resina y preparados para consumo personal y mandata al Ministerio Público para no ejercer acción penal en contra de quien cultive, produzca, procese, almacene o comercialice productos derivados de la cannabis cuando se acredite contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud.

La más reciente iniciativa presentada en la última década fue por el ex diputado del PAN, Hidalgo Contreras, y de acuerdo a la exposición de motivos, pretende evitar que la delincuencia organizada realice actos relacionados con la siembra ilícita de sustancias prohibidas.

Para ello propone que los campesinos, cuando sean sentenciados por delitos contra la salud en su modalidad de siembra, cultivo y cosecha de plantas de mariguana o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, perderán los derechos sobre su parcela.

El PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es el más interesado en la regulación de la mariguana. En más de 10 años ha presentado cuatro iniciativas. El PRI una, el PAN otra, el desaparecido Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina dos, y Movimiento Ciudadano (PMC) una.