El dictamen hecho público hoy constata que estamos en presencia de un tema altamente diagnosticado y lentamente instrumentado. Son 38 iniciativas presentadas, algunas de las cuales contienen auténticas reformas integrales, que demuestran que existe un alto grado de insatisfacción en torno a la arquitectura de nuestro andamiaje político-electoral, que nos sitúa en el nada memorable penúltimo lugar regional de adhesión a la democracia, según el Latinobarómetro 2013, con un preocupante 37%.

La propuesta de reforma es ambiciosa, porque presenta un catálogo de reformas que, de aprobarse, incidirán sustancialmente en las reglas de acceso al poder y en la forma de ejercicio del mismo.

Destacan nuevos pasos en la feria de las autonomías. Hace unos días se acordó en el Congreso la plena autonomía del IFAI y hoy advertimos el acuerdo de crear dos nuevas instancias nacionales con esa naturaleza, la del Coneval y la de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, así como de 32 nuevos órganos de procuración de justicia autónomos en las entidades federativas. Al interior de la Fiscalía se tiene contemplada una renovada Fepade y una nueva Fiscalía anticorrupción.

La reelección es otro de los temas que finalmente adquiere viabilidad. Se propone en el ámbito legislativo federal la reelección de senadores hasta por dos periodos, la de diputados hasta por cuatro, y en el ámbito estatal se deja que sean las constituciones las que permitan dicha posibilidad, con un límite de cuatro periodos a los diputados locales, y de una única ocasión para alcaldes, síndicos y regidores.

El gobierno de coalición reconoce que el pluralismo dificulta la gobernabilidad y obstaculiza la concreción de la política legislativa del gobierno. Por ello se prevé que el Ejecutivo, mediante convenio, concrete un gobierno de coalición que establezca un programa de gobierno común y un gabinete compartido que deba ser validado por la mayoría del Congreso.

Adicionalmente, se camina por la ruta del fortalecimiento de las facultades del Congreso y de sus cámaras. El Plan Nacional de Desarrollo y el gabinete de la coalición deberán aprobarse por el Parlamento mexicano, mientras que el Senado tendrá que aprobar la estrategia nacional de seguridad. Las capacidades de nombramientos adquieren un importante ensanchamiento al otorgar a la Cámara de Diputados la posibilidad de ratificar al Secretario de Hacienda, y al Senado la ratificación del Canciller y el nombramiento del Fiscal General.

En el ámbito electoral destaca la transformación del IFE en INE y la creación de un Sistema Nacional Electoral conformado por éste y los correspondientes órganos electorales de los estados. Destaca la nacionalización de nuevas atribuciones como las de capacitación, organización, las encuestas, resultados preliminares, observación y fiscalización electoral. Así mismo, la capacidad del INE para nombrar y remover a los consejeros electorales de los estados, sus potestades para asumir la organización directa de las elecciones estatales y la posibilidad de que organice las elecciones internas de los partidos, cuando se lo soliciten.

Se dispone, además, que los funcionarios electorales federales y estatales formen parte de un único Servicio Profesional, ahora de carácter nacional. Se abre el acceso a prerrogativas en radio y televisión a los candidatos independientes y se regula la repartición de los tiempos de radio y tv en la “intercampaña”. El umbral electoral pasa del 2 al 3%, y queda explicitada la exigencia de una fiscalización simultánea de los recursos de los partidos.

En una modificación sensible para la gestión de las elecciones, se trasladan al Tribunal Electoral federal los procedimientos especiales sancionadores, y con ellos la potestad de castigar las infracciones en la materia y dictar las medidas cautelares pertinentes; al Senado, por su parte, se le otorga la facultad de nombrar a los magistrados de los tribunales estatales a propuesta de las legislaturas correspondientes.

Finalmente, el dictamen deja entrever la relevante carga legislativa que tendrá frente a sí el Congreso durante los próximos siete meses, ya que los transitorios señalan que a más tardar en junio de 2014 deberán expedirse las leyes generales de partidos políticos, organismos electorales, procesos electorales y delitos en la materia. Todo un reto que deberá cumplirse precisamente antes de que inicie el proceso electoral de 2015.

No obstante la profundidad de la reforma, muchas de sus prescripciones irán tomando forma progresivamente y la mayoría empezará a regir al finalizar el actual sexenio.

Twitter: @AstudilloCesar
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM