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WASHINGTON.— “Sandra se encuentra contenta. Pero muy triste porque le robaron seis años de su vida injustamente”. Con estas palabras, Steve Ralls, abogado de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, aquilató el estado de ánimo de quien ayer escuchaba tranquila una sentencia que la condenó a 70 meses de cárcel por haber prestado ayuda a su entonces novio, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre.

Enfundada en su traje carcelario y con una sonrisa a medias dibujada en el rostro, Sandra Ávila escuchó ayer la sentencia que el juez Kevin Michael Moore decidió conmutar por el tiempo que permaneció encarcelada en México desde el mes de septiembre de 2007.

“Como se le ha acreditado el tiempo que permaneció en prisión desde México, Sandra podrá ser entregada el próximo domingo a las autoridades de migración. Y de ahí será repatriada a México para reencontrarse con su madre, sus hermanos, sus sobrinos”, comentó Ralls a EL UNIVERSAL.

“Para Sandra ha sido un pleito de seis años. Ella peleó su inocencia. Sandra nunca fue culpable del delito de narcotráfico, sino de asistir a su novio. Por eso está triste, porque le han quitado seis años de su vida litigando cargos que no eran ciertos. Ahora sólo espera regresar con su familia”, añadió.

A su vez, El Tigre, quien fuera el contacto del cártel colombiano del Norte del Valle con el de Sinaloa, sigue purgando una condena en Estados Unidos desde su extradición en 2009. Su relación con Sandra Ávila, que la encumbró como La Reina del Pacífico, terminó hace tiempo, aseguran sus abogados.

Para entender una sentencia que ha resultado inversamente proporcional a la fama de una mujer que se convirtió en leyenda, Ralls dice que la corte federal de Estados Unidos tuvo que atenerse a pruebas que siempre fueron insuficientes.

“Este caso fue basado en el testimonio de un informante del gobierno de EU que la acusó de ser parte de una organización delictuosa”, dijo.

“Pero a lo largo del proceso nunca se pudo demostrar nada. A pesar de ello, la fiscal del caso decidió presentar cargos en su contra. Al final, estos cargos se cayeron y sólo se le ha sentenciado por haber ayudado a su novio a evitar su captura”, dijo el abogado.

“Este caso demuestra que aunque la fama de Sandra como La Reina del Pacífico haya trascendido fronteras, los gobiernos tienen que ser escrupulosos a la hora de estudiar y aceptar una petición de extradición. Tienen que ser más responsables con sus ciudadanos y comprobar que las pruebas son suficientes y contundentes, no sólo basadas en testimonios escritos de testigos protegidos”, dijo.

En medio de un proceso tortuoso, Sandra Ávila, quien cumplió 52 años, decidió declararse culpable el pasado 24 de abril por el delito de asistir a su entonces novio para que éste no fuera detenido y encausado en Estados Unidos por importar y distribuir cocaína.

En ese entonces, otro de sus abogados, Howard Schumacher, consideró que “ambas partes consideraron que el cargo de complicidad era lo más justo”.

Tres meses más tarde, el juez que instruyó el caso consideró que Sandra cargará con una sentencia de 70 meses, que serán restados de su tiempo en prisión, para quedar en libertad. El proceso de La Reina del Pacífico, extraditada en agosto de 2012, ha consumido casi un año en tribunales de EU, donde sólo se le demostró un cargo de complicidad.

“Todos los cargos presentados contra Sandra fueron falsos”, insistió su abogado al señalar que, a pesar de ello, no se le pudieron demostrar cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y conspiración para el tráfico de drogas.

El 4 de diciembre de 2010, Sandra, sobrina de Félix Gallardo, del cártel de Tijuana, fue absuelta por un juez en México, quien consideró insuficientes las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para demostrar su responsabilidad en los delitos de delicuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ávila no será detenida al regresar a México ya que, hasta el momento, no hay investigación u orden de aprehensión vigentes en su contra, confirmó la PGR.

Autoridades de la dependencia afirmaron que tras su detención, en septiembre de 2007, Ávila fue sometida a proceso en México por cargos de delitos contra la salud, que fueron las evidencias que recabó la PGR en su momento sobre sus presuntas actividades delictivas.

No obstante, en 2010 la mujer fue exonerada de los cargos y sólo se le sentenció por portación de arma de fuego reservada al uso de las Fuerzas Armadas, y compurgó la pena de un año antes de ser extraditada a Estados Unidos.