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El juez de Distrito que amparó a Elba Esther Gordillo Morales y coacusados, también incurrió en errores en su resolución, ya que no verificó la fecha en que se consignó el expediente, y a diferencia de lo que establece su fallo, el 13 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda sí presentó la denuncia formal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el funcionario que la formuló tenía la personalidad jurídica para hacerlo, según las constancias en el expediente.

Estos son algunos de los elementos que la Procuraduría General de la República (PGR) buscará hacer valer en la impugnación que presentará ante un Tribunal, y entregará las evidencias documentales para demostrar que Francisco Javier Sarabia Ascencio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito, aplicó de forma equívoca su criterio, según autoridades de la dependencia.

El 24 de septiembre pasado el juzgador amparó a la ex dirigente magisterial y a sus presuntos cómplices José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, por deficiencias en la integración de la averiguación previa por parte de la PGR, y argumentó que vulneraron su derecho al debido proceso; entre las anomalías que detectó, sostuvo, es la inexistencia de una denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda en contra de los inculpados por el delito de lavado de dinero.

No obstante, en el recurso de impugnación de la PGR, se entregará la denuncia presentada el 13 de febrero pasado, por parte de Alfonso Israel Lira Salas, director general Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que dio inicio a la averiguación previa UEIORPIFAM/AP016/2013, quien se identificó con el gafete oficial expedido por la dependencia, según el expediente.

Se incluyó en la indagatoria una constancia laboral expedida el 14 de febrero pasado por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos de Hacienda, en la que se establece que desde el 1 de febrero pasado, Lira Salas prestaba sus servicios en la UIF, con lo que se confirmó que estaba acreditado legalmente para formular la denuncia.

No obstante, el juez Sarabia Ascencio consideró la fecha de la constancia laboral del servidor público como una irregularidad, pues se expidió un días después de que se presentó la denuncia, y con ese dato resolvió que la PGR “no cumplió con el requisito que exige el Código Penal Federal para ejercitar la acción penal”, concluyó por ende que no existió denuncia, a pesar de que el documento que tomó en cuenta para su fallo establece que el funcionario laboraba desde el 1 de febrero pasado en Hacienda.

En su fallo el juez de amparo también cuestionó que se ejercitó acción penal contra Gordillo Morales y coacusados, el 20 de febrero pasado, mientras que el dictamen emitido por peritos adscritos al Servicio de Administración Tributaria está fechado el 21 de febrero pasado, y los dictámenes de Lidia Angélica Córdova y Humberto Tapia, peritos oficiales de la PGR son del 22 de febrero. “Ambos son posteriores al pliego de consignación”, indicó el juez de amparo.

Sin embargo, se equivocó. EL UNIVERSAL obtuvo copia del oficio firmado el 23 de febrero de 2013 por Ariel Pérez Ramírez, secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, que estaba de guardia, en el que se asienta que fue ese día y no antes, como sostuvo el juez de amparo, cuando se consignó el expediente contra Gordillo Morales, lo que implica que los peritajes contables ya estaban incluidos en las pruebas que aportó la PGR cuando pidió la orden de aprehensión en su contra.