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El juez de Distrito que amparó a Elba Esther Gordillo Morales y coacusados determinó que el auto de formal prisión que se emitió en su contra fue ilegal por los errores y omisiones jurídicas del juzgador federal que tiene a su cargo el proceso, quien no valoró las pruebas presentadas en su contra, se limitó a trascribir las evidencias que le entregó la Procuraduría General de la República (PGR) y vulneró los derechos de los acusados a un debido proceso.

En su resolución, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, Francisco Javier Sarabia Ascencio, también hizo notar que entre las anomalías en las que incurrió por su parte la PGR, ésta consignó el expediente el 20 de febrero pasado, y fue durante los dos días siguientes cuando presentó los peritajes contables de sus expertos y de la Secretaría de Hacienda que sustentaban las acusaciones, como parte de las fallas en la integración de la averiguación previa del caso.

Así, en su resolución, Sarabia Ascencio no sólo encontró irregularidades en la actuación de la PGR, también cuestionó el trabajo que realizó el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, al definir la situación jurídica de los acusados por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ello, amparó a los quejosos y ordenó emitir una nueva resolución.

La versión pública de la sentencia del juez de amparo —que confrontó una vez más al Poder Judicial de la Federación y a la PGR— revela así que también hubo anomalías en el inicio del juicio contra la maestra y acusados, pues el juez ni siquiera valoró las evidencias entre las que están 96 estados de cuenta bancarios de los inculpados y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dan cuenta de operaciones del periodo 2009-2012, dos depósitos, dos cheques a favor del gremio por un total de 1 millón 915 mil 400 pesos, entre otros.

En la resolución se indica que “si bien el juez responsable (Caballero Vértiz) hizo una relación de las pruebas existentes en el sumario, fue omiso en precisar qué datos obtuvo de cada una de esas probanzas y la forma en que se relacionan entre sí, no obstante que tiene la obligación de realizar dicho procedimiento”.

Sarabia Ascencio indicó que el juzgador “omitió cumplir con la obligación constitucional de fundar y motivar su decisión (…), se limitó a transcribir las pruebas existentes en el sumario y concluir que tienen valor probatorio. No se está ante un verdadero estudio del caudal probatorio”.

Consideró que resulta violatorio de garantías que al definirse la situación jurídica de los acusados sólo se analizaron los peritajes de Hacienda y de la PGR, no hay una valoración de las pruebas que Caballero Vértiz tomó en cuenta para tener por acreditada la probable responsabilidad de los indiciados, por lo que “el auto de formal prisión reclamado resulta ilegal, precisamente, por estar ausente de una adecuada y suficiente motivación y fundamentación”, por lo que procedía el amparo.

El juez de amparo también detectó que se ejercitó acción penal contra Gordillo Morales y coacusados el 20 de febrero pasado, sin embargo, el dictamen emitido por peritos adscritos al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está fechado el 21 de febrero, y los dictámenes de Lidia Angélica Córdova Méndez y Humberto Tapia Martínez, peritos oficiales de la PGR, son del 22 de febrero. “Ambos son posteriores al pliego de consignación, aspecto este último respecto del cual el juez federal responsable no hace consideración alguna”, apuntó.