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Entre 2009 y 2010, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) autorizó 40 mil créditos hipotecarios “fuera de norma” a burócratas que no cumplían con el perfil requerido para obtener esa prestación o que, incluso, no salieron seleccionados en los sorteos anuales.

Para ser beneficiado con un crédito para vivienda el pago requerido “de forma ilegal” fue de entre 30 mil y hasta 60 mil pesos. Los préstamos se autorizaron mediante la firma de los funcionarios correspondientes, pero no se les inscribió un folio aunque sí se pagan vía nómina o depósitos bacarios.

El impacto patrimonial por esos miles de créditos autorizados sin cumplir con los perfiles requeridos asciende a 21 mil 152 millones de pesos, que aunque sí se pagan, ocuparon el espacio de un trabajador que espera a salir sorteado o que tiene listos sus documentos para hacer uso de esa prestación laboral.

Según información oficial obtenida por EL UNIVERSAL, los préstamos “fuera de la norma” ascienden, por persona, a entre 517 mil y hasta 879 mil pesos, que pueden considerarse por encima del promedio, que es de 500 mil pesos.

Esos créditos llamados “fuera de norma” tuvieron la aprobación de funcionarios del Fovissste, lo que provocó la revisión de cada caso y el inicio de una investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública, registrada con el folio UR-001/2013.

Créditos sin folio

Los créditos sin folio se autorizaron entre 2009 y 2010. En 2009, se aprobaron 27 mil 541 préstamos por 13 mil 874 millones de pesos; al año siguiente se avalaron 13 mil 346 solicitudes por siete mil 278 millones de pesos.

En total, las auditorías arrojaron que se aprobaron de manera ilegal 40 mil 887 créditos por un monto de 21 mil 152 millones de pesos.

La historia

En 2012, el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto conoció de las auditorías realizadas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por dos casos de fraude: los créditos en demasía y los “fuera de norma”.

La alerta sobre miles de créditos sin folio se fortaleció cuando se pidieron los registros públicos de la propiedad y éstos no existían. Es decir, tampoco había garantía de la propiedad ante esos préstamos, pero eran administrativamente válidos porque tenían la firma de los directivos del instituto, pero no el aval de las instancias administrativas que auditan, administran y vigilan los procesos de créditos anuales.

Beneficiados, “de confianza”

El perfil que se logró reconstruir con base en las denuncias anónimas que provocaron la auditoría fue que la mayoría de los 40 mil beneficiarios eran de confianza —es decir, que no tenían una plaza de base—, tenían ingresos mensuales por arriba del promedio y no salieron sorteados por el instituto.

La autorización de 13 mil 874 créditos de los 21 mil 152 “fuera de norma” coincidió con la bursatilización de los recursos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le sirvieron para aumentar sus cifras de beneficiados en alrededor de 50%, al pasar de 76 mil 762 en 2007 y 75 mil 941 en 2008, a 111 mil 666 en 2009. En los tres años siguientes las cifras se redujeron a 68 mil en 2010, 69 mil en 2011 y 73 mil en 2012.

Denuncias ciudadanas

La investigación de los créditos “fuera de norma” resultó de una denuncia ciudadana al órgano interno de control del Fovissste por “hechos irregulares respecto al otorgamiento de créditos por medio del sorteo realizado por el Fondo”.

Durante la revisión de la base de datos del Sistema de Originación se detectó que durante 2009 y 2010 se autorizaron más de 40 mil créditos hipotecarios que “no encuadraron” en niguno de los esquemas autorizados por el Fondo.

Fue la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública la que se encargó del caso e inició los trabajos.

La ubicación de los créditos se logró con respecto a la base de datos proporcionada de créditos no aleatorios, llegando al número de 40 mil 887 créditos.

Con base en testimonios recibidos por EL UNIVERSAL se ratificaron algunos casos de beficiarios VIP.

Según números de registros y versiones periodísticas locales, en Nayarit, los senadores de la pasada Legislatura, Martha Elena García —ex esposa del ex gobernador de ese estado, Antonio Echevarría— obtuvo el crédito número 213010182901 el año pasado, y Manuel Cota con el registro 2213010077941, además de algunos delegados de dependencias federales que al año de ocupar una oficina federal ya se hacían acredores a esa prestación hipotecaria.

Se presentaron denuncias, aunque sin prosperar, en contra de desarrolladoras inmobiliarias que reportaban la construcción de casas de interés social, cuando en realidad construían residencias a las que sólo podían acceder los burócratas con los más altos salarios.

Las zonas habitaciones, algunas señaladas con ubicación en el Estado de México, se ocuparon por familiares de funcionarios federales de la actual administración.