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El equipo jurídico del PAN en la Cámara de Diputados realizó el primer análisis de la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y tras compararla con la suya, concluyó que la del gobierno es “ambigua e incompleta”, ya que no plantea todos los alcances de la propuesta.

En el documento, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, advierte además que al realizar los cambios en las leyes reglamentarias, se corre el riesgo de que el PRI las apruebe como lo marque el gobierno, con el apoyo de sus aliados.

Y es que de acuerdo con el análisis, con la actual composición del Congreso “en que el PRI tiene mayoría (al menos en la Cámara de Diputados con sus aliados), pudieran aprobar los esquemas que el gobierno planteé en su reforma secundaria”.

Advierten también que aunque se plantea una reforma hacendaria para dar un nuevo régimen fiscal a Pemex, en la iniciativa no se señala cuándo será enviada.

Aseguran que al contrario de la del Ejecutivo “la propuesta del PAN establece el cómo y cuándo se deberán llevar a cabo las reformas planteadas en la propuesta energética, traduciendo la parte expositiva de su iniciativa en textos concretos y plazos definidos”, dice el análisis enviado a los legisladores que integran la bancada por la subcoordinadora jurídica de AN, la diputada Consuelo Argüelles.

Se advierte que la propuesta del gobierno hace referencia sólo a que será en la ley reglamentaria donde se definan los aspectos torales de la reforma, “pero, no se presenta el proyecto de ley secundaria ni la iniciativa contempla transitorios que desarrollen los lineamientos que dicha ley secundaria debería observar”.

De acuerdo con el texto elaborado por asesores jurídicos, en la iniciativa del gobierno federal no se establece cómo se llevará a cabo la realización de contratos, ni a través de qué mecanismos ni la autoridad responsable para celebrarlos.

Señalan que de la exposición de motivos de la reforma del gobierno se deduce que será la ley reglamentaria la que determine la forma en que el Estado pueda aprovechar la participación de los sectores social y privado, y afirman que a diferencia de la del PAN, “la iniciativa del Ejecutivo es omisa en señalar en disposiciones transitorias la forma en que habrá de regularse dichos contratos”.

En el documento se indica que “una vez estudiada la iniciativa del Ejecutivo, se confirma que la mejor propuesta es la que presentó el PAN, porque es integral, precisa, va al fondo del problema que enfrenta el sector energético en México y ofrece soluciones prácticas, viables y consistentes”.

En las conclusiones, dicen que en tanto el gobierno no presente de manera clara y completa su propuesta, “es imposible sentar las condiciones mínimas para un diálogo y discusión responsable”.

El comparativo destaca que ambas iniciativas, tanto la del PAN como la del presidente Peña Nieto, “coinciden en que el control del sistema eléctrico nacional, así como la propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, se mantienen en manos de la nación”.

El análisis jurídico del PAN señala que la propuesta del gobierno federal no generará las condiciones que permitan más inversiones.

“No se van a generar los empleos que se presumen, ni se darán las condiciones de competitividad del sector que deriven en menores precios de los energéticos al consumidor”.

Detallan que en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial señala que el Ejecutivo celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado, manteniendo el Estado el dominio sobre los recursos en el subsuelo, sin posibilidad de otorgar derechos a través de concesiones.