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La Procuraduría General de la República (PGR) presentó el recurso de revisión en contra de la decisión de un juez de Distrito que amparó a Elba Esther Gordillo Morales y sus coacusados, con el que la dependencia busca revertir el fallo en el que el juzgador señaló que el Ministerio Público integró de forma indebida la averiguación previa y vulneró garantías de los acusados.

Mariana Benítez Tiburcio, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, informó que el jueves pasado se presentó la impugnación, por lo que resta que se admita la revisión y el Consejo de la Judicatura designe al tribunal al que corresponderá analizar los agravios presentados por el Ministerio Público de la Federación.

Al término de la ceremonia de inauguración del 48 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la funcionaria informó que el recurso se presentó en tiempo y forma, con los elementos con los que se busca establecer que el fallo con el que se amparó a la ex dirigente magisterial “es endeble” y tiene inconsistencias jurídicas.

Con este recurso la PGR pretende revertir la decisión del juez Francisco Javier Sarabia Ascencio, quien el 24 de septiembre pasado amparó a la ex dirigente magisterial y a sus presuntos cómplices José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.

El juez concluyó que hubo deficiencias en la integración de la averiguación previa por parte de la PGR, y que vulneraron su derecho al debido proceso.

Como adelantó EL UNIVERSAL, en la impugnación que entregó la dependencia se incluye la denuncia presentada, el 13 de febrero pasado, por Alfonso Israel Lira Salas, director general Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

A partir de esta denuncia se inició la indagatoria UEIORPIFAM/AP016/2013, pero el juez Sarabia Ascencio no la consideró válida, pues aseguró que el servidor público se identificó sólo con el gafete oficial expedido por la dependencia y entregó una constancia laboral expedida el 14 de febrero.

El juez consideró la fecha de la constancia laboral del servidor público como una irregularidad, ya que está fechada un día después de que se presentó la denuncia.