Con la reforma energética aprobada por una mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso, nuestro país contará con mejores condiciones para revertir en el corto plazo los rezagos que le han aquejado en las últimas décadas y recuperar su capacidad para invertir, generar empleo y crecimiento en beneficio de la calidad de vida y el bienestar de la población.

En su aprobación, el gobierno de la república y el partido gobernante supieron mostrar una amplia disposición para dialogar, construir acuerdos e integrar propuestas de los diferentes partidos, además de sostener las propias, como corresponde hacer para avanzar en la pluralidad, con claridad y confianza en lo que más conviene hacer.

Hace cinco años aprobamos y enriquecimos la propuesta enviada por el gobierno federal en una iniciativa de reforma energética pensada para reorganizar el gobierno corporativo de Pemex, que nunca fue una propuesta de rango constitucional. Si se pensó en algo diferente o se quiso algo distinto, no es lo que se envió a la consideración de la representación nacional. El paquete legislativo entregado en el Senado como cámara de origen consistió en seis propuestas de reforma a leyes secundarias, entre las que destacan la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del Petróleo, una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos, un nuevo ordenamiento para el Financiamiento de la Transición Energética y modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y correlativas de Adquisiciones y de Obras Publicas, nuevas facultades a la Comisión Reguladora de Energía, así como disposiciones para crear una Comisión del Petróleo.

La propuesta legislativa de entonces versaba únicamente sobre algunos cambios en materia del petróleo; esencialmente, el proyecto contemplaba la emisión de “bonos ciudadanos” para bursatilizar buena parte del capital social de Pemex; pretendía establecer un esquema de contratación basado en los contratos de riesgo, es decir, compartir la renta petrolera y el petróleo de manera lisa y llana, y establecía la posibilidad de que terceros particulares realizaran los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos, así como la construcción y operación de ductos.

Por fuera de la propuesta legislativa, en el contexto de los foros abiertos para analizar las iniciativas presentadas, la posición gubernamental abogaba por introducir la figura de las concesiones, prohibidas ayer y ahora en la Constitución, y rehusaba considerar algún elemento de contenido nacional en los esquemas de operación y contratación de Pemex, en lo que se mostró escasa flexibilidad y disposición para negociar el contenido de la reforma.

Esta situación fue distinta ahora en la aprobación de la reforma energética, en donde el gobierno y los partidos actuaron con gran responsabilidad, ventilando primero en el seno del Pacto por México, como también en círculos de expertos, analistas y grupos de opinión, cuáles podrían ser los alcances de una de las reformas indispensables para el crecimiento y la competitividad, como lo es una reforma energética completa que considera no sólo el petróleo sino también el gas, la electricidad y las energías alternativas, así como los nuevos sectores de próximo desarrollo en la revolución de los hidrocarburos actualmente en curso en el mundo, como son las aguas profundas y el gas y petróleo de lutitas.

Una vez que los distintos actores del Pacto decidieron presentar sus iniciativas de reforma energética, el gobierno y el PRI se abrieron al diálogo y negociaron al límite la construcción de acuerdos, en donde el consenso finalmente alcanzado integra elementos reconocibles entre varias propuestas, avanzando en el objetivo de lograr un nuevo Modelo Mexicano de Producción Energética, para modernizar la industria del ramo con la rectoría del Estado y sosteniendo en todo momento la propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos para la nación, sin privatizar, esto es, transferir del dominio público al privado algún elemento sustantivo actual de las instalaciones petroleras o eléctricas.

Lo que se faculta en el trato futuro de los particulares con el Estado en materia energética es que éstos realizarán por cuenta del sector público o asociado con éste una serie de actividades que serán remuneradas mediante contratos claramente establecidos en las leyes, abonando a la necesaria certeza jurídica y la transparencia obligada, considerando las opciones que más convengan al interés público para atraer las inversiones que se requieren, cuantiosas en la mayoría de los casos, con el concurso de los sectores público, social y privado. Un abasto suficiente y oportuno de energéticos y un menor costo de los mismos habrán de impulsar el ciclo de prosperidad y crecimiento que hemos estado esperando por años, para dejar atrás la mediocridad y recuperar nuestro potencial de seguridad y desarrollo.

El gobierno de la república y las bancadas del PRI en el Congreso han mostrado su capacidad para impulsar reformas y construir los consensos requeridos para procesarlas en la pluralidad y el diálogo efectivo, tangible en resultados, más que obstinarse en posiciones que teóricamente pudieran funcionar, pero que, sin el consenso necesario y la debida integración de las partes, suelen no operar y quedarse fuera de los acuerdos. Con la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, las reformas transformadoras podrán hacer la diferencia entre la mediocridad de antaño y el México con prosperidad, justicia y bienestar que por tantos años hemos esperado.

* Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados