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Con el aval del PRI, PVEM y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría reformas al artículo 35 Constitucional y expidió la Ley Federal de la Consulta Popular, en la que se establecen los detalles de la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y resultados vinculatorios de este ejercicio.

De aprobarse en el Senado la Consulta Popular, que podría estrenarse en el próximo proceso electoral federal de 2015, otorga la posibilidad al Presidente de la República para aparecer en los medios de comunicación en plenas campañas electorales, mediante tiempos oficiales.

Según el dictamen aprobado, los únicos que podrían convocar a una consulta son: el Presidente de la República, 2% de la ciudadanía y 33% de los integrantes del Congreso.

Será sólo el Instituto Federal Electoral (IFE) o, en su caso, Instituto Nacional de Elecciones (INE), el encargado de promover la difusión y discusión informada de las consultas populares convocadas por el Congreso y garantizará el acceso a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado una petición, a través de los tiempos oficiales.

Con esto, el Presidente de la República, los integrantes del Congreso y los ciudadanos podrán solicitar a las autoridades electorales que se difundan sus posturas a través de los tiempos oficiales.

Ambos dictámenes fueron rechazados por el PAN y MC, y argumentaron que es un “engaño” debido a que el titular del Ejecutivo tendrá la opción de promover consultas populares en tiempos oficiales en pleno procesos electorales y eso es una “regresión”.

“Ya habíamos sacado al Presidente de la República de las campañas electorales federales. Ahora, con esta reforma que se pretende aprobar, vamos a regresar a un esquema anterior a 2007 y vamos a tener al Presidente de México utilizando los tiempos oficiales del Estado para promover la consulta que él haya querido convocar”, afirmó en tribuna el panista Fernando Rodríguez Doval.

Se aprobó un transitorio para que las más de un millón y medio de firmas que presentó el PRD para realizar este ejercicio con la reforma energética no se pierda y se mantengan vigentes hasta la eventual realización de este instrumento.

Según el dictamen aprobado, serán objeto de consulta los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo federal, siempre y cuando sean de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para la consulta será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara y, en caso de que la consulta sea convocada por los ciudadanos, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que lo resuelva y el resultado de la misma será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, así como para las autoridades competentes, cuando al menos la participación del total corresponda a 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de los electores.