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A unos días de que el Instituto Federal Electoral (IFE) apruebe la nueva redistritación para el territorio nacional, representantes de todos los partidos políticos advirtieron apresuramiento innecesario.

Plantearon posponer el proceso hasta pasada la reforma electoral, pues ésta podría impactar en la redistritación si se reducen candidaturas plurinominales o cambia la geografía política de las cinco circunscripciones del país.

El IFE tiene previsto aprobar la redistritación antes de que termine el mes, y de que concluyan sus funciones el consejero presidente Leonardo Valdés y los consejeros Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa.

De hecho, el consejero Marco Antonio Baños consideró que todo va bien, “estamos en revisión de observaciones de los partidos… el IFE está trabajando conforme al calendario y los tiempos”.

El proceso de redistritación inició hace más de un año a cargo de un comité de expertos, se han generado tres escenarios y se han recibido cientos de observaciones de los partidos, por lo que, de aprobarse será la base para los procesos electorales de 2015, 2018 y 2021.

Se trata de un proceso que constitucionalmente debe llevarse a cabo cada 10 años para alcanzar la mejor representatividad política de los mexicanos en cada uno de los 300 distritos uninominales.

De acuerdo al tercer y último escenario generado, ganarían un distrito siete estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, México, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas.

En cambio perderían uno cuatro entidades: Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Veracruz, mientras que el Distrito Federal perdería tres distritos.

Pero los partidos en Guerrero y Puebla, e incluso en el Distrito Federal, mantienen su rechazo, mientras que en Jalisco y Sinaloa ya habrían conseguido un acuerdo.

Rutas “de la muerte”

En Guerrero, representantes de los partidos señalaron que se propone fusionar cuatro zonas con idiosincracias disímbolas, en dos distritos: Tierra Caliente con Costa Grande y Costa Chica con La Montaña.

Vía satelital el IFE consideró que era viable “pero no se valoran particularidades del territorio, como la existencia de rutas inaccesibles por el narcotráfico y secuestros, que harían imposible hasta las campañas, denunciaron los representantes ante la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE) del estado.

Ante esa situación, el representante del PAN Yuri Doroteo Tovar; Juan Agama del PRI; Ramiro Alonso del PRD; Alberto Zúñiga, de Movimiento Ciudadano; Juan Manuel Maciel del PVEM y Víctor Manuel Villaseñor del Panal impulsan un impasse en el proceso o valorar una alternativa.

Tovar explicó que el argumento es el “costo” del distrito, que se elabora mediante fórmula matemática que considera cuatro variantes: desviación poblacional, compacidad geométrica, tiempos de traslado y la integridad poblacional. Pero con esos mismos criterios y “costo”, ellos hicieron una propuesta alterna que no ha sido considerada, indicó.

“El IFE sostiene que observó vía satelital que hay una carretera, sólo que el tramo de Altamirano a Zihuatanejo es una carretera en plena sierra que obstaculizaría desde la organización de la elección, la campañas, hasta la capacitación”, dijo.

Además, añadió, “un candidato de Tierra Caliente que es mayoritariamente indígena no se identifica con los costeños, de raza afro mexicana y viceversa… al conjuntarlos se genera conflicto”.

Caso Distrito Federal

Para el perredista Ramiro Alonso de Jesús el IFE no considera que los caminos son intransitables “y sería hacer más que una ruta electoral, una ruta para la delincuencia organizada, para el robo de urnas, se pone en riesgo la votación, el trabajo de candidatos, electores, partidos, para los vocales del IFE, capacitadores. “Es una ruta de la muerte, hay secuestros, levantones... “.

En el caso del Distrito Federal, el representante perredista ante la Comisión de Vigilancia local, Jesús Avila Flores, denunció que no habría certeza jurídica en la representación ciudadana pues ésta se daría si se tomara en cuenta la lista nominal o el padrón, ambos bajo supervisión constante de los partidos.

Pero el IFE considerará —como marca la ley— los datos del último censo del INEGI, del 2010, que incluye a menores de edad y probablemente a ya fallecidos, pues sus datos no están actualizados.

Por su parte, el representante del PRD ante el Instituto Federal, Camerino Márquez, indicó que dado que está en curso una reforma político electoral valdría la pena posponer la redistritación.