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El Senado de la República aprobó elevar al doble la pena de prisión a policías y militares que se coludan con extorsionadores, e hizo extensivo este castigo contra elementos de seguridad privada.

La disposición, que fue incluida en el Código Penal Federal, abarca a quienes hayan dejado puestos desde los cuales debieron garantizar la seguridad pública y que, sin embargo, se sirven de su paso por corporaciones, Fuerzas Armadas y empresas para delinquir.

El Senado aprobó por unanimidad las adiciones a la legislación, con las cuales un policía o ex policía podrían recibir sentencias de hasta 16 años de prisión por la comisión de delitos relacionados con la extorsión.

A partir de una minuta de la Cámara de Diputados, los senadores dictaminaron y aprobaron duplicar los castigos y desecharon crecer la pena para quien cometa extorsión desde prisión.

Con 106 votos, en unanimidad, el pleno de los senadores aprobó el tema y lo envió de regreso a San Lázaro, luego de considerar que cárteles de la droga y delincuentes comunes extorsionan a comerciantes o a cualquier ciudadano con total impunidad, expuso el senador Benjamín Robles.

La extorsión es considerada por el Senado “como un fenómeno que urge atender con profundidad y eficacia mediante el uso de todas las herramientas legales con que cuenta el Estado para cumplir su elemental obligación de garantizar la seguridad de los mexicanos”.

Advierte del riesgo que conlleva la operación de empresas de seguridad privada, dado que se presentan casos de elementos que se coluden con organizaciones criminales, y para dar efectos más rotundos a la reforma, se incluyó en las penalidades a quienes sirven a esas organizaciones o desempeñaron tareas que les facilitaron tomar como víctimas a clientes.

El dictamen expone que “la penalidad debe ser mayor en el caso de extorsiones en que se usa información de quienes tuvieron una posición de confianza con las víctimas, y de quienes usaron su autoridad para obtener ventaja”.

El senador David Monreal (PT) destacó que el endurecimiento de las penas se justifica en un momento en el que el crimen ha diversificado sus actos delictivos, al pasar del tráfico de drogas a delitos como secuestro y extorsión. Mayo pasado —dijo— fue peor que en 2006 en materia de denuncias de extorsión, con un incremento de 14%.

Reportó que en Michoacán se calculan en casi mil millones de pesos anuales las ganancias que deja la extorsión a grupos delictivos, y refirió el caso reciente del alcalde de Santa Ana, Ygnacio López, quien fue asesinado por extorsionadores del crimen organizado.