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Acabada la discusión de reformas en materia económica, fracturadas las alianzas y expuestas las presiones, la clase política se alista ahora para sacar los cambios político-electorales comprometidos en el Pacto por México.

Con cerca de 36 iniciativas en la materia presentadas ante el Senado de la República, PRI, PAN y PRD concentrarán el grueso de sus baterías en temas como la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), la segunda vuelta, gobiernos de coalición y reelección de diputados y alcaldes, entre otros.

Por no existir acuerdo en el Pacto, la iniciativa político-electoral deberá ser avalada a partir de las propuestas individuales que han sido presentadas en el Congreso por partidos o legisladores.

Ayer, el coordinador del PRI en el Senado Emilio Gamboa Patrón confirmó que en las próximas horas tendrán listo un anteproyecto de dictamen que integre diferentes puntos de vista.

El diputado federal del PAN Fernando Rodríguez Doval informó que las iniciativas están en el Senado, pues se definió que sea la cámara de origen, “y nosotros hemos puesto como condición que haya primero la reforma político-electoral antes que la energética, y estamos esperando que el Senado puedas enviarnos una minuta a partir de un dictamen que se generen de estas iniciativas”.

El PAN fue enfático al condicionar que no entraría en el tema energético si antes no hay cambios en lo político-electoral. Pelea la creación del INE y la desaparición de los institutos estatales.

El PRD está dividido, entre los que apoyan la creación del INE, y los que no. El PRI cedió y va por la creación de la nueva institución, pero no como lo plantea el PAN.

El panista Rodríguez Doval adelanta al respecto que seguirán insistiendo en que el INE “se contempló desde el 2 de diciembre de 2012 con la firma del Pacto por México, y se habla claramente de tener una autoridad nacional electoral y una legislación única. En ese tema nosotros consideramos que ya no debería haber discusión”.

Y es que el compromiso número 90 del Pacto por México compromete que se impulsará una reforma electoral en donde se atienda el tema de reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos; la disminución en el monto de los topes de campaña; incorporar como causales de nulidad en una elección: el rebase de topes de campaña; la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral y la compra de cobertura; y crear una autoridad electoral de carácter nacional, una legislación única que se encargue de elecciones federales, estatales y municipales, entre otros.

“Nosotros vamos con una posición de apertura, de análisis en el que las reglas del juego democrático para el proceso federal electoral de 2015 estén muy claras. Creo que una de las cosas que han hecho mucho daño a la democracia es el problema del sospechosismo, la falta de confianza de parte de algunos de los actores y nosotros estamos en la disposición de discutir y analizar todas y cada una de los diferentes temas”, señaló Samuel Aguilar, secretario de Elecciones del PRI.

Los avances

En el marco del Pacto se instalaron siete mesas de discusión para buscar armar la propuesta de reforma político-electoral. Algunas funcionaron bien, otras no concluyeron. Al menos en el tema de las legislaciones secundarias de leyes aprobadas en 2012 y que trató la mesa 1, se lograron acuerdos y existen ya documentos firmados.

Esta parte, que incluye las cartas ciudadanas, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular, llegará a la Cámara de Diputados para su discusión.

Existe un acuerdo para una modificación constitucional que permita mejorar las últimas reformas y establecer así condicionantes que no entren en contradicción con la legislación electoral, específicamente en lo que se refiere a limitar a la iniciativa privada y particulares, patrocinar publicidad, a propósito de las consultas ciudadanas.

El resto de los temas se tratarán en el Senado, a partir de las distintas iniciativas presentadas.

Entre éstos la Ley General de Partidos en donde hay consenso entre las tres fuerzas políticas. Existe coincidencia en que se debe aprovechar una nueva legislación para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los partidos; fortalecer los derechos de la militancia y enriquecer la vida interna bajo parámetros democráticos en los partidos.

Otro de los temas tiene que ver con acotar tiempos y costos de campañas, en donde los tres partidos también tienen consenso. Se tienen reservas respecto a cada nivel de elección, coinciden en trabajar para lo que llaman “democracia más barata”.

Se hace también ya una lista para poner candados a la distribución de artículos utilitarios en tiempos electorales, como no permitir el reparto de despensas.

Hay la propuesta de tener más debates que spots publicitarios; reducir el tiempo y el costo de producción de los spots y ampliar el tiempo y número de debates entre los candidatos.

Son temas, coinciden los partidos políticos, en donde no se ponen camisas de fuerza.

En el tema de reelección de diputados y alcaldes, no hay un consenso lo mismo que en gobiernos de coalición, y la lista de temas que podrían causar nulidad de una elección. Los partidos políticos están atorados también en la segunda vuelta en elecciones presidenciales, en donde el PRI y una parte del PRD dicen que no.

PAN inamovible

Pero el talón de Aquiles de la reforma político-electoral es la creación del nuevo INE.

El PAN no mueve el dedo del renglón: éste se debe de crear y los institutos estatales electorales deben desaparecer. Todo concentrado en una sola autoridad.

El argumento: es uno de los compromisos del Pacto y sólo así se garantizan elecciones equitativas, transparentes, además de quitar el control a los gobernadores, entre otros. Una parte del PRD apoya la postura panista, otra no. El PRI cedió a la creación de este instituto pero con sus detalles.

“Nuestra actitud ha sido y será las de honrar los compromisos que están en el Pacto, eso no cancela que con el mayor respeto pongamos en la mesa preocupaciones que lejos de tener sesgo por color político, se pone en la mesa el que fortalezcamos y mantengamos la estabilidad del sistema electoral mexicano”, comentó Adrián Gallardo, presidente de la Fundación Colosio, perteneciente al PRI.

De acuerdo con legisladores consultados, uno de los riesgos es la diversidad del país, toda vez que hay entidades como Oaxaca en donde las elecciones son por usos y costumbres, lo que complica tener una legislación única.

En Nayarit, por ejemplo, los regidores son electos por circunscripción territorial como si fueran diputados locales; en Chihuahua los síndicos se eligen a través de boletas, como los alcaldes.

Una sola autoridad electoral, han expuesto legisladores, resta capacidad para reconocer particularidades de diversidad regional.

Otro de los riesgos es la presión a las autoridades electorales producto de los conflictos, toda vez que ante la existencia de una sola autoridad todo se concentrará en ésta.

Otro de los temas de riesgo tiene que ver con los costos. Hay quien expone que con una sola autoridad se evita la duplicidad entre los institutos locales y el nacional.

Pero un argumento de riesgo es que si desparecen los institutos estatales y el del Distrito Federal, dejarán —en consecuencia— de financiar prerrogativas de partidos y todo se trasladará a nivel federal, lo que le mete una presión adicional a las finanzas públicas federales.

Además, está puesto sobre la mesa el tema de complejidad institucional y legal, toda vez que con la creación de un INE se implica modificar la Constitución y las legislaciones locales.

Y es que el INE se convertiría en una institución que se encargaría de administrar y realizar más de cuatro mil 400 elecciones, a diferencia de las 333 que hoy organiza el Instituto Federal Electoral (IFE).

“Nosotros estamos dispuestos a analizar y discutir todo, con énfasis en el tema de topes de campaña, reducción del financiamiento y que sea sólo financiamiento público y la chequera la controle el órgano electoral”, dice Samuel Aguilar.