En los últimos meses ha habido un experimento fascinante y peligroso que ha pasado inadvertido para casi todo el mundo: por primera vez en la historia del país se ha autorizado la existencia de cárceles administradas de manera privada en el territorio nacional. En Hermosillo (Sonora) y Ocampo (Guanajuato), el ex presidente Calderón inauguró —dos meses antes de terminar su gestión— los ceferesos 11 y 12 de inversión público-privada (por 20 años). En el nuevo gobierno de Peña Nieto comenzó sus operaciones el Cefereso 13 de Oaxaca en el mismo esquema.

La justificación oficial de concesionar la operación de centros penitenciarios es que el sector privado tiene más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento a los reclusos/as y contribuir a la reinserción de estas personas con menores costos económicos y sociales (prevención de reincidencia, motines y fugas). A nivel internacional, el fenómeno no es nuevo (ni lejano). De hecho, Estados Unidos es pionero en la materia desde los 80. Para dar una idea de la magnitud del negocio, se puede citar a la Corrections Corporation of America, empresa líder del sector con capacidad para recibir a 80 mil reclusos/as y emplear a 17 mil profesionales.

A nivel europeo, Gran Bretaña tienen una larga experiencia en privatización carcelaria desde la ley de justicia penal de 1991 que permitió a Group 4 Remand Services Ltd. la operación del centro de prisión preventiva de Wolds. En 1992, la ley fue ampliada a sentenciados y la prisión de Blakenhurst fue concesionada a la compañía UK Detention Services. En la actualidad, Gran Bretaña cuenta con 11 prisiones administradas completamente por empresas.

Frente a esto, hay un amplio universo crítico que se opone a que un Estado democrático resigne lo que debería ser una facultad exclusiva de la soberanía. Desde el análisis económico hasta el social hay objeciones al modelo aunque el argumento más fuerte contra la privatización carcelaria sigue siendo fundamentalmente moral: la ejecución de las penas no puede ser privatizada porque eso significa permitir a un particular obtener beneficios económicos de un castigo.

Independientemente de este debate en curso, a nivel local todavía no hay estudios sistemáticos sobre los beneficios/perjuicios de la privatización de las cárceles mexicanas. El único referente hasta ahora es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha insistido en que las cárceles privadas ya tienen las mismas deficiencias en materia de derechos humanos que las públicas (¡lo que ya es un logro!). Mientras tanto, el gobierno federal se ha mantenido en la más opaca de sus tradiciones. Sin explicar el funcionamiento del “Contrato de Prestación de Servicios (CPS)” para este tipo de instituciones y mucho menos, la adjudicación directa a las empresas ICA, Prodemex, GIA, Homex, Tradeco y Arenal de contratos para construir y administrar nuevas cárceles en el país. Lo que no ayuda demasiado a la rendición de cuentas de la privatización del sector.

Investigador del CIDE