Los derechos humanos en nuestro país prevén la realización de manifestaciones públicas, sin embargo bajo ninguna circunstancia los derechos son absolutos e ilimitados, en especial cuando violan los derechos de los demás.

En el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el gobierno federal mexicano se ha atado a sí mismo las manos, con lo cual deja a los ciudadanos sin el principio general de gobernar para todos. La administración capitalina ha ido más allá al reformar leyes para no “criminalizar la protesta”, dicen ellos.

Si se mueve un dedo contra los manifestantes —aun si salen a las calles no para manifestarse sino para bloquear el mayor número de vías y edificios posible—, se utilizará por parte de los protestantes un discurso maniqueísta donde policías y gobierno son “represores” y los manifestantes “víctimas”.

Pudiendo marchar por un carril, la CNTE ocupa todos los de una avenida. Teniendo la alternativa de sólo gritar consignas afuera de una instalación, optan mejor por apedrearla. Razones y argumentos, que pueden existir, contra las leyes secundarias en materia educativa, se pierden en medio del método de “lucha” de los “profesores”. Una forma de hacer las cosas que, lamentablemente, ha probado ser eficaz hasta ahora.

El patrón de evitar y nunca enfrentar las manifestaciones explica el desmesurado crecimiento de las protestas en el DF. El papel de las autoridades se reduce ahora a apoyar las labores periodísticas para reportar sobre el número de marchas y manifestaciones y para dar avisos de prevención a automovilistas y choferes del transporte público. Las vías principales son espacio de privilegio para exigir la lucha contra la “privatización de la educación”, la abolición de los “aparatos ideológicos del Estado” y contra el gobierno “represor”.

A más de una semana de que los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaran a la ciudad de México han utilizado como estrategia ocupar plazas simbólicas y mantener presencia en las avenidas más concurridas. Alterar lo más posible al capitalino parece la consigna. Ante esta problemática mayúscula hay dos preguntas 1. ¿Por qué un grupo de individuos puede presionar a la autoridad tomando al resto de la sociedad como rehén? y 2. ¿Acaso el gobierno federal y el del Distrito Federal no creen poseer la legitimidad y la fuerza suficientes para regular, sancionar y prevenir inteligentemente la realización de estos actos?

No se han presentado a trabajar los “maestros”, lo cual ha ocasionado que más de 2 millones de alumnos en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas estén sin clases. Otra razón para anular sus argumentos de preocupación en torno a la enseñanza. Lecciones sí dan a todo el país, en cambio, con la agresión al personal de la Cámara de Diputados, con el bloqueo de la sede del Senado y de Paseo de la Reforma, y con el cerco al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que dejó a miles de usuarios varados.

Los gobiernos habrán de decidir si tirar una reforma educativa es menos costoso que aprehender a líderes sindicales.

El blog oficial de la CNTE se presenta como “una organización de masas conformada por los trabajadores de la educación democráticos del país, independientemente de la burguesía y su estado, del charrismo sindical y de cualquier organismo político, es decir, no es propiedad de nadie más que de los propios trabajadores de la educación”. A esta información habría que agregar que durante una semana contribuyeron a que el pequeño y mediano comercio de la Ciudad de México —y no la “burguesía oligarca”— perdiera más de 400 millones de pesos ante los ojos de un gobierno local débil que no respeta por igual los derechos de todos sus ciudadanos.

Hace unas horas la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que no se opone al uso legítimo de la fuerza, en caso de que los maestros de la CNTE rebasen los límites de la legalidad con sus protestas y bloqueos. La pregunta es ¿hasta cuándo se considerará rebasada la legalidad cuando lo que la ley considera como transgresión ya fue rebasado?

El consenso entre analistas y opinión pública es que inteligencia y fuerza legítima no es represión. Es parte de las funciones del Estado velar por el cumplimiento de las leyes en beneficio de todos.

Académico de la FCPyS-UNAM