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Por su constitucionalidad, la reforma energética puede pasar una prueba ante la Suprema Corte, afirma el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Raúl Cervantes (PRI), quien sostiene que los cambios que plantea el presidente Enrique Peña Nieto protegen la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, sujetan a los inversionistas privados a la rectoría del Estado, y aseguran la renta petroleras para beneficio de la sociedad y generaciones futuras.

En entrevista con EL UNIVERSAL explica que tiene sentido volver al texto del artículo 27 constitucional del general Lázaro Cárdenas, ya que fue modificado en 1960 para terminar contratos de riesgo donde 75% de la renta petrolera fue para los privados y la pérdida para el gobierno.

Rechazar el ajuste, dice, es atarse a dogmas que desconocen la realidad de una industria en la que monopolio es sinónimo de pérdidas y debilidad.

La existencia de contratos de riesgo, hasta 1960, “más que una concesión, era una barbaridad, un exceso, una grosería. El asco que debió haber dado determinó prohibirlos”, señala.

Para acabar con los cinco contratos de riesgo extractores de la renta petrolera, donde la pérdida era completa para el gobierno, se incluyó en dicho artículo que no se otorgarán concesiones, ni contratos, “ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Ese es el texto vigente, y lo que estaba prohibiendo era la naturaleza de ese tipo de contratos, agrega el senador Cervantes, en el que el participante privado obtiene la mayoría de las ganancias y si hay pérdidas, son para el gobierno.

“Eso no es un contrato”, dice, y hasta para atacar más convenios existentes y no conocidos por corrupción, es que el texto del artículo 27 constitucional abarca los que existan para eliminarlos.

Sin esta cláusula dirigida a acabar con los contratos riesgo de la época, hoy no habría necesidad de la reforma en curso, afirma Raúl Cervantes. Y el presidente Peña Nieto al retomar el texto de Lázaro Cárdenas garantiza el dominio de la nación sobre los hidrocarburos.

El senador es responsable de la conducción de la Comisión de Puntos Constitucionales, que junto con las de Energía y Estudios Legislativos Primera, tienen en sus manos la dictaminación de la reforma con los proyectos del presidente Peña Nieto, el PAN y PRD.

Posturas encontradas

El legislador priísta, doctor en Derecho, quien dio constitucionalidad al concepto de contratos incentivados de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón, con la anuencia del PRI, comenta las posturas esenciales de reforma del PAN y PRD.

El PAN dice: “Yo propongo hasta concesiones y permisos, y da una racionalidad constitucional que debemos atender con análisis”.

La izquierda, a su vez, expresa que no es necesario modificar el artículo 27, en una postura de dogmas, en la que reconoce como necesaria la participación privada, pero sin cambio constitucional.

Aunque en el debate sobre el futuro de los hidrocarburos, los legisladores deben resolver sobre cómo garantizar a la nación la renta petrolera, Raúl Cervantes anota que no existe una definición sobre “la renta petrolera” en la ley.