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La Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados aprobó con 48 votos a favor y dos abstenciones el dictamen de la Ley de Coordinación Fiscal contemplada en la propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, con lo que ahora el Ejecutivo se hará cargo de la nómina magisterial —que incluye prestaciones—, que antes estaba a cargo de las 32 entidades federativas.

La iniciativa contempla la desaparición del Fondo de Aportaciones para la Educación y Normal y será sustituido por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, con lo que el gobierno “tendrá un mejor control administrativo” de la plantilla de docentes de los estados. Con esto se sabrá dónde están y qué hacen los maestros, así como el detalle de la nómina de los sindicatos.

De acuerdo con el dictamen, la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecerá un sistema de administración de nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales, lo que de acuerdo con los diputados los hará más transparentes y eficaces.

Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones establecidas, registrar en el sistema de administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen en sus plantillas.

Asimismo, el proyecto, que deberá ser avalado por el pleno de la Cámara de Diputados este jueves, establece que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se eleva en 686 millones 880 mil 919 pesos y por primera vez se incluye al Distrito Federal en el reparto.

También se establecen criterios para fomentar la actividad económica que estimulen la recaudación de las entidades federativas y los municipios.

Se premiará la recaudación y el buen desempeño de los estados y municipios, lo que significa que la Federación transferirá mayores recursos en proporción de los recursos adicionales que capten por la vía tributaria.

También se premiará el desempeño de los gobernantes, pues en la medida en que los alcaldes tengan un mejor ejercicio en sus administraciones, tendrán más recursos, esto en la medida en que abatan la pobreza con respecto al año anterior.

Otra medida es que el impuesto sobre la renta por concepto de salarios y por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los funcionarios y trabajadores de las entidades federativas ya no se incluirán en la recaudación federal participable, lo que significa que esos recursos se lo podrán quedar los gobiernos subnacionales.

Los estados asumirán, mediante la firma de convenios, la operación del cobro del impuesto predial de sus municipios.

La recaudación del predial en México es equivalente a 0.2% del PIB, cifra 10 veces inferior si se compara con los países de la OCDE, que en promedio captan 2% del PIB.

Al fijar su posición, el secretario de la Comisión del PRI, Jorge Herrera, dijo que con este dictamen se fortalece el federalismo y se robustece la recaudación; el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, aseguró que estas reglas recogen la agenda que el sol azteca ha llevado desde hace tiempo. La panista María Teresa Jiménez dijo que estaban en favor del dictamen.