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Organizaciones del sector privado y diversos académicos plantean que la reforma energética ofrecería mayores beneficios a la economía con la inclusión del régimen de concesiones o contratos de producción que, sin embargo, el Ejecutivo rechaza en su iniciativa por considerar que ese esquema compromete la riqueza de los hidrocarburos.

En los foros que llevó a cabo el Senado en octubre pasado, distintos participantes destacaron el interés por que al reformar la Constitución se abran candados que convierten la actividad sobre los hidrocarburos en monopolio del Estado, lo que obliga a Pemex a correr con el total de los riesgos.

Los planteamientos que expresaron representantes de Coparmex, CCE y Concamin, así como agrupaciones de abogados, de la Escuela Libre de Derecho, de la UNAM y del CIDE, entre otras, llaman la atención en que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe modernizarse y ser fortalecida.

Las opiniones expuestas en los foros organizados por las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado deben ser tomadas en cuenta en la elaboración del dictamen, en el que las principales iniciativas son las presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y, por su parte, las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado.

Quedaron fuera de este ejercicio de audiencia exponentes de la visión de izquierda, que desarrollaron un foro alterno organizado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, que tuvo como base el rechazo a que Pemex deje de ser monopolio estatal, como lo establecen los artículos 27 y 28 constitucionales.

Los perredistas, por su parte, han propuesto reformas en el nivel de leyes, pero sin cambiar la Constitución.

Cuauhtémoc Cárdenas fue el único líder de izquierda que se presentó en los foros del Senado y formuló planteamientos de reformas a 12 leyes; calificó como innecesario cambiar la Constitución.

Además, propuso una ley sobre excedentes petroleros.

Opiniones diversas

Otras voces, como la de Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, defendió el régimen de concesiones petroleras. Dijo que se necesita para generar más inversión, pues de no alcanzarse México seguirá como el único país de la OCDE sin ese instrumento.

También propusieron las concesiones Mario Gabriel Budebo, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; Fauzi Hamdan, rector de la Escuela Libre de Derecho, y el ex rector de la misma institución, Mario Alberto Becerra Pocoroba; Dante San Pedro Jacobo, de la Academia Mexicana de Derecho Energético, y Miriam Grunstein, investigadora del CIDE.

En oposición al régimen de concesiones, la iniciativa del Ejecutivo federal sostiene que esta figura confiere derechos a los particulares sobre los hidrocarburos.

En el foro, Javier Zenteno Barrios, de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, por el contrario, sostuvo que “las concesiones jamás concederán propiedad de bienes naturales”.

En cambio, la opción de operar bajo contratos de producción y utilidad presenta “el problema severo de la administración del propio convenio, de sus costos recuperables y deducibles por las empresas”, afirmó Zenteno Barrios.

En la misma línea a favor de las concesiones se pronunciaron Gerardo Gutiérrez Candiani, del CCE, y Francisco Funtanet, de Concamin.

David Shields, investigador en temas de energía y autor del libro Pemex, un futuro incierto, planteó que en la reforma “deben ampliarse la oportunidades de inversión privada a través de contratos y permisos para que las empresas operadoras asuman riesgos en los nuevos tipos de explotaciones petroleras”.

El especialista expuso que “sean contratos o sean concesiones, lo más importante en las licitaciones y contrataciones petroleras es tener modelos de negocios robustos y que haya plena legalidad, máxima transparencia y que se obtengan las mejores condiciones para el Estado mexicano”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra, investigador del CIDE, dijo que en las actuales condiciones “Pemex nos está quitando una parte de la renta petrolera que pertenece a todos los mexicanos”.

En ese sentido, el rector de la UNAM, José Narro Robles, afirmó que “la riqueza energética es de todos y debe ser usada para promover el desarrollo nacional y alcanzar niveles pertinentes de justicia social”. Insistió en que estos recursos deben ser empleados “con inteligencia y profundo sentido ético”.

Adrián Lajous, ex director de Pemex, argumentó en apoyo de la iniciativa del Ejecutivo, que tiene en esencia contratos de utilidad compartida.

Jordy Herrera, ex secretario de Energía, se pronunció por el esquema de contratación que sea más rentable para el Estado, sean contratos incentivados, de utilidad compartida, de producción compartida o contratos licencia para maximizar la riqueza petrolera.