politica@eluniversal.com.mx  

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ubicó como el principal eje para lograr la gobernabilidad y el objetivo “México en Paz”, la suscripción del Pacto por México, con el que fue posible el impulso de “reformas transformadoras” y alentar “la unidad dentro de la pluralidad”.

En su Primer Informe de Gobierno entregado al Congreso, el jefe del Ejecutivo federal destacó ese instrumento como base de los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal, los actores políticos y sociales y los Poderes de la Unión.

“Hoy, la Nación cuenta con el acuerdo político más fructífero de concertación política y social de los últimos años, el Pacto por México, que ha permitido concretar reformas estructurales que favorecen a los mexicanos” , asentó en el documento.

En él reportó que en total, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre al 14 de agosto de 2013, que el Ejecutivo ha enviado al Congreso 23 iniciativas, incluido el paquete económico 2013 y la reforma energética, asuntos que no fueron negociados dentro del Pacto.

Pero de ese total, 15 reformas legislativas ya aprobadas fueron comprometidas por los partidos en el seno del Pacto por México.

De estas el documento destacó las dos reformas constitucionales, una en materia educativa y otra de telecomunicaciones, además de las 13 iniciativas sobre reforma financiera.

Sin embargo se expusieron también los pendientes, pues de 95 compromisos del Pacto 63 implican reformas legislativas: 21 en materia de derechos y libertades, 24 sobre crecimiento económico; cinco sobre temas de seguridad y justicia, cuatro sobre transparencia y combate a la corrupción, y nueve acerca de gobernabilidad.

El jefe del Ejecutivo asentó pendientes de las 13 Primeras Acciones de Gobierno enunciadas en su mensaje de Toma de Posesión del 1 de diciembre de 2012: la reforma energética y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, en revisión en el Senado.

En cambio, de las medidas anunciadas en esa ocasión se concretaron la expedición de la Ley de General de Víctimas y se aprobaron las reformas constitucionales en materia educativa; sobre competencia económica y telecomunicaciones, la nueva Ley de Amparo y reformas penales para protección a periodistas.

El documento detalla otras acciones para la gobernabilidad del país, entre ellas el compromiso de gestionar una reforma municipal y destaca que está en análisis una posible iniciativa de reformas al artículo 124 de la Constitución, para la redistribución de competencias entre gobiernos federal, estatales y municipales.

Respecto al trabajo de concertación y diálogo con organizaciones sociales, el gobierno reportó que realiza acciones para la identificación, monitoreo y resolución de conflictos sociales, “fijando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores y conflictos”.

En ese marco aseguró que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013 “la Secretaría de Gobernación atendió distintas demandas de los ciudadanos y sus organizaciones, e instaló 147 mesas de trabajo, lográndose la distensión de las inconformidades en 100% de los casos”.

Entre el recuento se incluye la canalización de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de ex trabajadores del extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro (el Sindicato Mexicano de Electricistas), así como de las madres de personas desaparecidas.