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Los cambios al artículo 27 constitucional abrirán a la iniciativa privada la posibilidad de participar en las actividades de exploración y producción de crudo y gas, sobre todo en activos de alto grado de dificultad técnica y que requieren inversiones cuantiosas y de alto riesgo.

Con la eliminación de la restricción para el empleo de contratos con terceros, Pemex podrá asociarse en proyectos no convencionales como Chicontepec, Aguas Profundas, Crudo y Gas de Lutita, mediante contratos de “utilidad compartida” en los que se pactará mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, aunque no queda claro si serán sobre el nivel de producción obtenida o sobre su valor de comercialización.

Los costos de perforación en aguas profundas, por ejemplo, son 10 veces mayores a las correspondientes en aguas someras y 100 veces mayores a los de yacimientos terrestres, con probabilidades de éxito relativamente bajas.

En este caso, las empresas que se asocien con la petrolera tendrán que realizar las inversiones necesarias, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y compartir de los riesgos en caso de encontrar nuevos yacimientos, como ocurrió con las reformas de Brasil, Colombia y Noruega.

En caso de que las empresas logren descubrir nuevos yacimientos, recibirán compensaciones en efectivo para recuperar sus inversiones y obtener una utilidad razonable.

Por el contrario, si no hay éxito, asumirán el riesgo de las inversiones realizadas.

Se trata, según la iniciativa de reforma, de un modelo de contrato impulsado por el interés de los actores privados para obtener mayores ganancias, redituando en una mayor renta para la nación.

Hasta ahora, Pemex viene utilizando los modelos de contratos de servicios, de servicios múltiples e incentivados, pero en ninguno de ellos se pactó el pago en función de los recursos obtenidos, sino por el servicio prestado, es decir, una cantidad monetaria fija.

En la iniciativa no queda claro sin embargo, la propiedad de las reservas que se localicen, lo que mueve el interés de las grandes petroleras.

En la práctica, las reservas petroleras son un indicador de gran importancia para el mercado y es lo que brinda solidez a las petroleras en su incursión en los mercados de capital, de donde obtienen recursos para financiar sus operaciones.

Consultado sobre el porqué la reforma no incluyó contratos de producción compartida, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell señaló: “porque el gobierno piensa que para los intereses nacionales y para preservar la renta petrolera se cubre mejor a través de un sistema de contratos, como lo estableció en 1940 el presidente Cárdenas”.

Son contratos de asociación, añadió, mediante el cual se comparten los costos de producción, se aporta capital y, sobre todo, se comparten riesgos. Indicó que la implementación de la reforma energética dependerá del Congreso.

El gobierno federal considera que la inversión y los recursos fiscales que se obtengan, de concretarse las reformas propuestas, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el largo plazo con tasas de restitución de reservas superiores al 100%; y, alcanzar un nivel de producción de crudo y gas de 3.5 millones de barriles diarios y 10 mil 400 millones de pies cúbicos de gas al 2025.

Jaime Brito, Vice President, Strategic Business Development Latin America, de la firma consultora norteamericana Argus, con sede en Austin, Texas, sostuvo que la reforma energética que se presentó “está mandando a la comunidad petrolera internacional señales de que México va en el camino correcto, pues está reconociendo que no puede solo y que por eso es necesario abrir el sector”.

No obstante, indicó, las grandes empresas petroleras esperaban una definición sobre qué va a pasar con las reservas petroleras que se obtengan con los nuevos descubrimientos, porque la iniciativa no deja claro este punto, que es el de mayor interés de los inversionistas de gran calado.

De otras forma, comento, estaríamos hablando de una reforma con similares alcances, en materia contractual, que el actual esquema en donde se paga a base de la producción por barril o a través de una cantidad fija, lo cual no es del agrado de las grandes compañías.