nurit.martinez@eluniversal.com.mx 

Al solicitar un estado de “excepción” en la reforma educativa, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no se opone a elevar la calidad del sistema ni evade las evaluaciones.

En caso de aplicarse la reforma tal como se propone, el Politécnico tendría que conservar a maestros de bachillerato con bajo desempeño, responsables de la formación de cuatro generaciones de jóvenes en al menos dos años, cuando hoy se evalúan cada semestre y son reasignados a tareas administrativas si no realizan bien su labor, afirmó Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comenta que la institución se encuentra frente a “un conflicto serio” con la reforma educativa, puesto que al no contar con la autonomía en la Ley Orgánica, la propuesta que envió el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión “fraccionaría la vida institucional” al crear un tratamiento diferenciado entre los docentes del bachillerato y de la educación superior.

El IPN “no está en contra de la reforma, lo que busca es que el Congreso de la Unión incluya un artículo transitorio en la Ley General del Servicio Docente para que el Politécnico quede en estado de excepción, pero no para evadir la evaluación”.

Por el contrario, dijo, hay que reforzar los mecanismos de evaluación de los docentes, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) podrá contribuir en eso, planteó Bustamante Díez.

Al no contar con la figura jurídica de “autonomía”, la propuesta de reforma educativa que se discutirá en el Congreso obliga al Politécnico —como órgano desconcentrado— a seguir el mandato de la iniciativa. Sin embargo, la institución estima que eso provocaría un tratamiento diferenciado para poco más de 4 mil maestros de bachillerato, frente a los 13 mil que están en el nivel superior.

La reforma “plantea una gran diferencia de lo que existe en la normatividad, en la Ley Orgánica, en el reglamento interno, en las condiciones internas de trabajo”, comenta la directora del IPN.

La iniciativa “nos preocupa porque actúa en los tres niveles de la educación: la media superior, la superior y el posgrado”, aseguró.

De concretarse tal como fue planteada la reforma, se tendría que reformar la Ley Orgánica de IPN, pero para eso se tendría que hacer una nueva propuesta, debido a que sólo el Congreso de la Unión tiene esa facultad.

El IPN “no está en contra de la evaluación”, los profesores de la institución hacen examen de ingreso no cada año, sino en cada curso, cada seis meses, y para la promoción también hay mecanismos para medir el desempeño.

La petición ante el Congreso es que el IPN tenga un tratamiento similar al que se les da a instituciones de educación superior autónomas.

“Estoy convencida de que la evaluación es la mejor herramienta para la mejora”, dijo la directora de esa casa educativa.