El R-1 ofreció pagar la deuda externa
NOTICIA. En imagen de mayo de 1985, un hombre lee la revista Impacto, en cuya portada aparece Sara Cosío, novia de Caro Quintero y sobrina del priísta Guillermo Cosío Vidaurri. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
jose.guaderrama@eluniversal.com.mx
Cuenta la leyenda que tras ser detenido en 1985, ofreció pagar la deuda externa de México —80 mil 99 millones de dólares entonces— si se le dejaba en libertad, aunque otras versiones agregan que pidió a cambio además dejarlo seguir vendiendo mariguana.
Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952, en Badiraguato, Sinaloa. Contaba con 33 años de edad cuando se le aprehendió el 4 de abril de 1985 en Costa Rica, de donde se le deportó posteriormente a la Ciudad de México.
Conocido también como El R-1 o Don Rafa, Caro Quintero es el mayor de cuatro hermanos y dos hermanas, mientras que su padre —se dice— era un campesino pobre. Rafael abandonó su casa a los 18 años, buscó emplearse en Culiacán, donde trabajó brevemente como chofer de un camión.
Después, empezó a sembrar pequeñas porciones de mariguana en pequeñas parcelas con su hermano Jorge Luis, para posteriormente ampliar el negocio a niveles realmente grandes con ingresos de igual tamaño. En ese camino, se asociaría con su tío, Ernesto Fonseca, Don Neto, y con Juan José Esparragoza, El Azul, un ex agente de la Policía Judicial Federal que continúa prófugo y en la lista de los más buscados en Estados Unidos.
También fue cercano colaborador de Miguel Ángel Félix Gallardo, el zar de la cocaína en México, y pronto los tres Caro, Fonseca, y Gallardo formaron el cártel de Guadalajara.
En esos días, dos eventos se conjugarían para derivar en la caída de Caro Quintero: su relación amorosa con Sara Cristina Cosío Gaona, hija de un ex secretario de Educación de Jalisco y sobrina del ex gobernador del mismo estado, el priísta Guillermo Cosío Vidaurri, así como el homicidio y tortura de Enrique Kiki Camarena Salazar y Alfredo Zavala Avelar.
En noviembre de 1984, cientos de guardias vigilan las bodegas del rancho El Búfalo, donde hay mariguana cosechada en casi mil hectáreas, cuya producción anual la PGR calculó en 8 mil millones de dólares. También están cerca de 10 mil campesinos jóvenes, enganchados para cultivar mariguana.
Alfredo Zavala Avelar, un piloto de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), avista el enorme plantío desde el aire. Lo que ha observado, es transmitido después a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). El 6 de noviembre de 1984, policías decomisan 8 mil 500 toneladas de mariguana que hay en las bodegas y 2 mil 400 que aún brotan en el campo.
En medio de la furia del narcotraficante contra la DEA, la noche del 30 de enero de 1985 son asesinados en Guadalajara dos ciudadanos estadounidenses, Alberto Radelat y John Walker. Gente de Caro Quintero los confunde con agentes antidrogas. Luego, el capo ordena enterrarlos en el Parque Primavera, una gran área pública de Guadalajara.
El 7 de febrero de 1985, en diferentes horarios, Camarena Salazar y Zavala Avelar son secuestrados. Los cuerpos de Camarena y Zavala aparecen un mes después del secuestro en un rancho llamado El Mareño, en el kilómetro 36 de la carretera Zamora-La Barca, a unos 100 kilómetros de Guadalajara. El 8 de marzo de 1985, Caro se roba a Sara Cosío en las calles de Guadalajara. Su familia denuncia el plagio, pero el narcotraficante alega que ella lo sigue hasta Culiacán.
Una llamada de Cosío a su casa, para decir a sus padres que está bien, permite a la DEA tener el número de origen de la llamada. Viene de un lugar cercano a San José, Costa Rica. Caro Quintero es detenido el 4 de abril con su novia.
Tras la captura de Caro Quintero, derivado de sus declaraciones, es detenido el comandante de la Policía Judicial Federal, Jorge Armando Pavón Reyes, quien estuvo a cargo de la investigación del caso Camarena. Se le procesó ya que presuntamente el capo le pagó 60 millones de pesos para que en marzo de 1985 le permitiera salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
El mando policiaco quedó sujeto a proceso, pero al final fue absuelto del delito de cohecho. Murió en noviembre de 2006 cuando intentaba limpiar su nombre, al ser implicado en el asesinato de Camarena Salazar.
Agentes de la DEA detuvieron el 2 de abril de 1990 al doctor Humberto Álvarez-Machaín, acusado de participar también en el secuestro y crimen del agente Camarena. La aprehensión fue ilegal, fue privado de la libertad y sin procedimiento de extradición fue trasladado en un avión a El Paso, Texas, para ser procesado en tribunales de EU.
El gobierno de México acusó que en este caso se violó el derecho internacional y se trasgredió el tratado de extradición bilateral, lo que provocó también momentos de tensión entre ambos países. El 14 de diciembre de 1992 fue liberado por órdenes de una Corte estadounidense, que ordenó su regreso a México. Logró una indemnización ya que nunca se comprobó su participación en los hechos.
En septiembre de 2012 en una cárcel de Estados Unidos falleció Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien purgaba una condena por el asesinato de Camarena, tras su detención en Texas en 1989, ya que se le imputó tener nexos con el cártel de Guadalajara.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio García Ramírez, estaba al frente de la dependencia cuando se registró el crimen de Camarena. Cuando se logró la aprehensión de Caro Quintero, sostuvo que serían las autoridades mexicanas las que lo enjuiciarían, a pesar de la presión del gobierno de Estados Unidos para que les fuera entregado. Personajes como John Gavin, embajador de EU en México, o el jefe de la DEA, William French Smith, acusaron a las autoridades mexicanas de no investigar con celeridad y profesionalismo el secuestro de Camarena, e incluso se enviaron notas diplomáticas al entonces canciller, Bernardo Sepúlveda y al procurador García Ramírez, para que el gobierno actuara con celeridad en este caso.
Ayer la DEA reiteró que continuará sus esfuerzos por lograr que Caro Quintero afronte cargos por homicidio en Estados Unidos.