La llegada a Costa Rica del capo mexicano Rafael Caro Quintero, en marzo de 1985, abrió la brecha para que al menos 20 fugitivos internacionales vinieran luego a establecerse al país.

El ejemplo del poderoso capo mexicano, ahora de 60 años, lo han seguido, por casi tres décadas, otros líderes del narcotráfico y del lavado de dinero.

El caso más reciente es el de Arthur Budovsky , supuesto líder de la red de lavado más grande del mundo, detenido en mayo pasado en España.

Budovsky realizó grandes inversiones en Costa Rica, Incluso, se casó con una tica para obtener la nacionalidad costarricense.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, sostuvo ayer que con el ingreso de Caro Quintero a Costa Rica se asomaron los primeros indicios de la expansión del crimen organizado, principalmente en América Latina.

“ La llegada al país de otros fugitivos internacionales corrió paralela al crecimiento del crimen organizado”, aseveró el jerarca.

De hecho, antes que Budosvky, en el 2006 fue capturado en San Carlos, Alajuela, el empresario español Pedro Urrutia, quien tenía orden de captura internacional por un supuesto fraude de 20 millones de euros en su país.

Aquí logró obtener la residencia con la recomendación de un obispo alajuelense. Urrutia fue deportado a su país en el 2010.

En el 2007, fue detenido en Colombia Héctor Martínez Quinto, quien se dedicaba a reclutar en Costa Rica a pescadores para el transporte de cocaína a los Estados Unidos. Martínez logró la residencia tica en solo dos meses.

Otros extranjeros cuestionados que ingresaron al país con facilidad fueron Lionel James Casey, Lázaro Abel, Roberto Fionna, Suleman Asanosky, y Silvio Montano, entre otros. .

Por su parte, el exministro de Seguridad y actual diputado Luis Fishman dijo que no cree que Costa Rica sea un paraíso para fugitivos.

“Hay excesos de controles, por ejemplo con los turistas colombianos que tienen dificultades para conseguir una visa. Este tipo de gente no entra normalmente por el aeropuerto o por la frontera. La gente que está señalada por Interpol y que pueden ser delincuentes entran como sea”, aseveró.

Fishman señaló que Caro Quintero vino al país protegido, como lo denunció la primera comisión legislativa investigadora del narcotráfico, por una llamada “autoridad política superior” que nunca logró ser identificada.

El ministro Zamora señaló que precisamente para evitar el ingreso de sujetos indeseables, hace tres semanas se puso en funcionamiento un sistema conectado directamente a la base de la Policía Internacional (Interpol), en Francia.

Captura vigente El nombre de Rafael Caro Quintero volvió a la palestra desde el viernes cuando obtuvo la libertad, tras estar casi tres décadas preso en la cárcel de Puente Grande en Jalisco, México.

Un fallo judicial anuló la sentencia que pesaba en su contra por el homicidio del oficial de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) Enrique Camarena.

Mario Zamora manifestó que si el mexicano viene a Costa Rica sería detenido.

La DEA lamentó la liberación de Quintero y respondió en un comunicado que “continuará con sus esfuerzos para asegurarse de que enfrente cargos en Estados Unidos”. Contra él, todavía existe una orden de captura de Interpol en todo el mundo.

Autoridad política. La captura e inmediata devolución de Rafael Caro Quintero a México, en 1985, originó que se creara la primera comisión legislativa especial para investigar el tráfico de drogas en Costa Rica.

La mayoría de diputados de la comisión aprobaron un dictamen , el 30 de julio de 1987, en el que concluyeron que una “autoridad política superior” ayudó y protegió a Caro Quintero.

Los legisladores recomendaron separar del cargo a Luis Barrantes Aguilar, director de Narcóticos del Ministerio de Seguridad Pública, quien renunció al día siguiente.

“Renuncié para no seguir siendo objeto de persecución; entregué un expediente a los diputados, pero no les interesó”, dijo Barrantes ayer ante consulta de La Nación.

También la comisión recomendó cesar a José Manuel Pérez Solís, controlador aéreo. Señalaron, además, la inconveniencia de que el extitular de Migración, Antonio Pereira Aguilar, volviese a trabajar.

Los diputados alegaron que esos funcionarios estuvieron protegidos por una autoridad política superior, pero no dieron nombres. La comisión manifestó que “impera la idea –aunque sin prueba para ello– de que el señor Caro Quintero tuvo contactos con industriales y comerciantes, y que fue bien recibido en círculos sociales”.

Casi treinta años después, el misterio sobre aquella “autoridad política superior”, permanece.