La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la reglamentación de la consulta popular y de las iniciativas ciudadanas y preferentes, por lo que serán integradas a la minuta de reforma política-electora que está punto de discutir el pleno de San Lázaro.

De aprobarse en el Congreso, la consulta popular podría ser estrenada en el 2015, en temas como el energético si es que el Senado -como se prevé- apruebe cambios constitucionales en el sector petrolero.

El dictamen sobre consulta popular, que fue aprobado en comisión por 23 votos a favor y dos en contra, eliminó el artículo 30 que desde el punto de vista del PRD limitaba los alcances de la misma, sin embargo el legislador perredista José Ángel Ávila se reservó un tres artículos para matizar la efectividad del dictamen.

Entre de las cualidades de esta reforma, se destaca que sólo se podrá llevar a cabo el mismo día de la jornada electoral federal y los resultados, de cumplir con todos los requisitos, serían vinculatorios, es decir, se deberán atender y hacer los cambios conducentes.

La consulta popular será vinculatoria siempre que la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y los temas que no podrán llevarse a consulta son:
derechos humanos reconocidos en la Constitución, los ingresos y egresos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Los sujetos facultados para solicitar una consulta popular son: el Presidente de la República; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos a la lista nominal.

cg