MADRID (Agencias).— La Casa Real española accedió a ser incluida en una nueva ley de transparencia que pretende restaurar la confianza en las instituciones públicas, mermadas por la corrupción y la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Dos días después de que la infanta Cristina, la segunda hija del rey Juan Carlos, fuera imputada en un caso de corrupción, una fuente del Palacio de la Zarzuela dijo que la familia real, tras dos meses negociando con ministros, había aceptado ser incluida en la nueva ley, junto con otras entidades públicas.

La iniciativa refleja la preocupación de la familia real por seguir manteniendo su influencia, en momentos en que los escándalos han minado su popularidad entre unos ciudadanos abrumados por los problemas económicos.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cuyo partido también se ha visto implicado en varios escándalos de corrupción, ha enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre una nueva normativa de transparencia que daría a la opinión pública acceso a documentos oficiales.

Las nuevas normas podrían dar a la ciudadanía más derechos para supervisar cuánto destina el gobierno a las funciones oficiales de la familia real. También proponen una regulación más estricta de las declaraciones fiscales, activos y actividades de funcionarios públicos, penas más duras para casos de corrupción y auditorías más amplias a fundaciones, sindicatos y otras cámaras empresariales que reciben financiación pública.

Ayer mismo se informó que la infanta Cristina no declarará ante el juez el 27 de abril. El magistrado que investiga el caso Nóos suspendió la comparecencia después de que la fiscalía presentara un recurso contra la imputación de la hija del rey de España en la trama de corrupción en la que está inmerso el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin.

El juez José Castro tomó la decisión para dar tiempo a que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dirima el recurso del fiscal Pedro Horrach, aceptando la petición que éste hizo en su escrito, informaron fuentes judiciales. Mantener la declaración “haría ineficaz y carente de contenido el recurso” del fiscal, indicó el magistrado.

El fiscal asegura que no hay ningún indicio incriminatorio contra la infanta, a la que el juez considera sospechosa de haber sido cómplice y cooperadora necesaria en los delitos cometidos por Urdangarin y el ex socio de éste, Diego Torres, a través del Instituto Nóos, una organización mediante la cual se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.

Si el recurso de la fiscalía no prospera y la infanta sigue imputada, el encargado de defenderla será uno de los padres de la Constitución española, el ex político catalán y abogado Miquel Roca, confirmó él mismo.