SAN JOSÉ.— El gobierno de Guatemala confirmó ayer que investiga la injerencia de narcotraficantes guatemaltecos ligados al cártel mexicano de Los Zetas, en una serie de violentos conflictos y protestas populares que, con saldo preliminar de un muerto y tres heridos, le obligaron a decretar antenoche el estado de sitio en el norteño poblado de Santa Cruz Barillas, en la zona fronteriza con México.

El ejército reportó la captura de ocho personas en la zona, dijo ayer la agencia Associated Press. El vocero del Ministerio de la Defensa, Rony Urízar, indicó que los detenidos son sospechosos de haber estado entre las 200 personas “encapuchadas” que protagonizaron los incidentes del martes.

Consultado ayer telefónicamente por EL UNIVERSAL acerca de si se sospecha que Los Zetas estén involucrados en las protestas, el vocero del Ministerio de Defensa de Guatemala, coronel Ronny Urízar, respondió: “Sí. Todo se está investigando, ahorita todo”, pero se abstuvo de dar detalles.

Por primera vez en su gestión iniciada el 14 de enero, y tras una reunión de gabinete, el presidente de Guatemala, general en retiro Otto Pérez Molina, impuso el estado de sitio en una comunidad del norteño departamento (estado) de Huehuetenango, sector reconocido por autoridades policiales guatemaltecas como de permanente presencia de Los Zetas, uno de los más peligrosos cárteles mexicanos del narcotráfico internacional.

Los Zetas controlan gran parte del tráfico de drogas en el límite de Guatemala con México. En un enfrentamiento armado en diciembre de 2008 en la aldea Agua Zarca de Santa Ana Huista, de Huehuetenango y fronteriza con México, pistoleros de Los Zetas atacaron a un clan rival guatemalteco tras un lío de apuestas en una carrera de caballos y desataron una balacera que dejó 12 muertos.

Falso problema

En conferencia de prensa, Pérez negó ayer que el origen del problema en Santa Cruz Barillas sean los choques entre sectores opuestos y a favor de la construcción de una hidroeléctrica. La violencia estalló tras una provocación de supuestos vecinos que, con machetes y palos, atacaron la unidad militar del área y sustrajeron armamento, narró.

Delincuentes de la región, agregó, están “interesados en favorecer las actividades del narcotráfico” y del crimen organizado y presionando para que militares y policías salgan del área. Pero el mandatario rechazó retirar a las fuerzas de seguridad; advirtió que no cederá a presiones de las mafias y anunció el despliegue de otros 450 policías para “garantizar el orden”.

Los disturbios se agravaron el martes por la noche, luego de que patrullas del ejército se desplazaron a Santa Cruz Barillas en apoyo a policías que trataban de controlar los enfrentamientos surgidos por el supuesto conflicto por la represa. Una turba atacó el puesto castrense.

El estado de sitio suspende o limita garantías de la población y es una respuesta estatal frente a escenarios de graves amenazas a la paz, a la seguridad nacional y de los habitantes o crisis por calamidad pública.

En este contexto, la presidenta costarricense Laura Chinchilla advirtió que por estar ubicados entre los grandes centros de producción de drogas de Sudamérica y el principal mercado de consumo en EU, los países centroamericanos fueron “enganchados a un convoy de violencia y corrupción”.

En un mensaje, al cumplir dos años de gobierno, Chinchilla reafirmó que “por su tradición de país sin fuerzas armadas” desde 1948, Costa Rica “se niega a ser arrastrada a escenarios que han puesto su acento en la acción militar, altamente costosas e intensivas en la pérdida de vidas humanas”.