SAN JOSÉ.— Si una persona desea comprar municiones en Centroamérica, sólo debe tener mayoría de edad y dinero y acudir a cualquier armería, donde podrá adquirir la cantidad que necesite, sin límite y sin importar el calibre: en la zona, la actividad es legal, funciona sin restricción ni control y bajo las reglas del libre comercio.

Por vías legales e ilegales, el mercado centroamericano es abastecido principalmente por México —con las municiones Águila de 9 milímetros— y Estados Unidos, aunque también por proveedores como Brasil, Canadá, China, República Checa, Alemania, España, Italia, Gran Bretaña, Argentina, Austria, Suiza, Turquía y Rusia, según autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de Centroamérica especializadas en seguridad y democracia consultadas por EL UNIVERSAL.

Mafias de las 23 distintas modalidades del crimen organizado que operan en el istmo, traficantes internacionales, pandillas, delincuentes comunes e individuos demandan y ofrecen pertrechos de guerra, revólveres y pistolas y armamento moderno de alta potencia. “Las municiones se pueden comprar por la libre en cualquier armería de Centroamérica”, dijo la viceministra de Gobernación de Costa Rica, Marcela Chacón, a este diario.

“Pretendemos establecer controles en armerías y armeros y crear un banco de datos al que ingrese toda la información de la importación de armas y de municiones”, añadió.

“Cada munición debe ser marcada electrónicamente. Si se comete un delito con un arma, los casquillos se recogen y son fácilmente identificables. Vengo diciendo hace mucho rato: un arma sin munición no es más que un garrote de metal”, puntualizó.

Centroamérica es “un paraíso para los traficantes de armas y municiones ilícitas”, aseguró el costarricense Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (no estatal), tras aseverar que “el mercado ilegal” está esencialmente relacionado con el tráfico de drogas.

A una consulta de este periódico, Cordero explicó que “las extensas zonas costeras, bosques densos, amplias vías fluviales con poca vigilancia, fronteras porosas y recursos gubernamentales insuficientes para enfrentar el tráfico de drogas y de armas” convierten al istmo en santuario para los negociantes de ese tipo de mercancías.

Desvíos e intermediarios

Aunque son legales y cotidianas, las operaciones en armerías podrían acarrear riesgos paralelos.

“Hay un desvío de armas al mercado negro, con transacciones de armas y municiones que tienen un origen legal y pasan al mercado ilegal a través de negocios entre un intermediario legal y un comprador ilegal”, explicó la guatemalteca Carmen Rosa de León, quien funge como coordinadora del Consejo Asesor de Seguridad de la Presidencia de Guatemala.

De León, autora del “Informe Subregional Centroamérica y Panamá Armas Pequeñas y Livianas”, declaró que armas y municiones son compradas “al menudeo” en un país y luego pasan a otro vecino por las fronteras, en pequeñas cantidades.

Los “grandes cargamentos”, subrayó, son transportados por mar y por tierra y están “fundamentalmente asociados a las redes internacionales de traficantes de armas” y mediante las “transferencias entre grupos criminales a través del trueque o el pago de otros ilícitos”.

“El tráfico se ha convertido en una cuestión multidireccional. La mayor parte del abastecimiento de los grupos criminales proviene de la misma región. Se calcula que las dos terceras partes de las armas que circulan en la región son ilícitas”, afirmó.

Pese a los controles que deben existir, ha habido “desvíos” de arsenales de fuerzas de seguridad del Estado hacia compradores ilícitos, ya sea individuales o grupos del crimen organizado, aseguró. Asimismo, hay tráfico de armas y municiones robadas a sus dueños, perdidas por sus propietarios o sustraídas a agentes de empresas de seguridad privada, describió.

“Se deben adoptar las medidas que permitan un efectivo control y registro de las armas del Estado, de las empresas de seguridad privadas, funcionarios y particulares, incluyendo su huella balística, así como la supervisión de las empresas encargadas de la importación y comercialización de armas y municiones”, sugirió el guatemalteco Héctor Rosada, Presidente del Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad para Centroamérica (no estatal), en una reciente cita en esta ciudad para evaluar el fenómeno.

En una región en la que del total de homicidios, los perpetrados con armas de fuego pasaron del 68.6% en 2005 a 74% en 2010, y en la que el costo de la violencia, según estudios de los gobiernos centroamericanos, ha llegado a alcanzar hasta el 11.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de toda el área, el contrabando tampoco ha podido ser atacado con fuerza. El director de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, William Hidalgo, informó a este diario que “se han realizado algunos decomisos que sugieren movimiento transfronterizo de municiones para armas legales y unos pocos de municiones para armas ilegales”.

Los abastecedores

Las municiones “tienen dos tipos de abastecedores: traficantes internos y agentes corruptos” de los ejércitos y policías, precisó la nicaragüense Eva Sacasa, directora del Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas y Ligeras, respaldado por la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.

En un informe sobre el problema que presentó en esta capital, Sacasa reveló que “el narcotráfico se adapta y ha cambiado de modalidad en los últimos años. Ya no moviliza grandes cantidades de armas para dar seguridad a su mercancía cuando trafican por aire, mar o tierra. En cambio, ha creado estructuras locales en países de tránsito, para que éstos les brinden seguridad y logística”.

“Estas estructuras locales se arman en cada uno de los países centroamericanos: comprando armas en establecimientos locales y, aprovechándose de ventajas y vacíos legales que las leyes (locales) de control de armas presentan. Esto es aprovechado para generar a lo interno el ‘tráfico de hormigas’, que se da tanto hacia adentro como hacia afuera”, relató.

Cifras rojas y negras

Las fuentes consultadas coincidieron en que excepto algunas pocas armas “pesadas” que tienen restricciones y sólo pueden ser importadas por los gobiernos, en los comercios centroamericanos se pueden adquirir no sólo livianas o ligeras, sino de mayor calibre, con apenas cumplir un trámite sencillo y rutinario.

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló en 2009 que en ese entonces se calculaba que en los siete países centroamericanos circulaban cerca de tres millones de armas de fuego y que dos de cada tres “serían ilegales”.

La investigación identificó a Honduras, El Salvador y Guatemala como las naciones que tienen “mayor número” y “especialmente ilegales”. Diversos informes de entes no estatales coinciden en señalar que el 80% de las armas que circulan por la región proviene de Estados Unidos.

De León reveló que Guatemala es el sexto comprador de armas y municiones en América Latina y el Caribe, precedida por México, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil, e importa solo el 5% del total de armas y municiones que ingresan a la región latinoamericana y caribeña. No obstante, a Guatemala entra el 42% del total de las importaciones centroamericanas de armas y municiones.

“Para Estados Unidos el del tráfico de armas no es un tema”, lamentó, al proponer una “acción regional” para que Washington “asuma su papel en el suministro de armas al crimen transnacional”.

Chacón, por su parte, precisó que la mayor parte de las armas y municiones “que viene a Centroamérica procede de Estados Unidos y entra de manera legal. El problema es que para Estados Unidos no representa un conflicto llenarnos de armas, porque para ellos es un negocio: no tienen ninguna intención de frenar ese tipo de exportaciones hacia el sur”.