BIRMINGHAM.— El epicentro de la lucha por la reforma a la ley de inmigración de Estados Unidos no está en Arizona, que tiene frontera con México, sino en el estado suroriental de Alabama.

Este factor ha hecho que la ley más dura contra la inmigración de personas que carecen de los correspondientes permisos para residir en el país esté siendo comparada con el movimiento por los derechos civiles que hace más de cuatro décadas protagonizó la población estadounidense de origen africano en este mismo estado.

Casi con seguridad, la nueva ley estatal terminará en la Corte Suprema de Estados Unidos, pese a que Arizona, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur han aprobado leyes similares.

Sin embargo, tanto detractores como simpatizantes de la nueva iniciativa coinciden en que ninguna de las otras leyes estatales es tan estricta como la de Alabama, bloqueada temporalmente y que requiere que las escuelas comprueben si sus estudiantes cumplen con la ley migratoria.

Los partidarios de esta legislación consideran necesaria esta cláusula, alegando que impedirá que quienes no tienen autorización para residir legalmente en Estados Unidos le quiten puestos de trabajo a residentes legales.

Su estatus como la ley más estricta en el país contra los inmigrantes que ingresaron al país sin permiso, junto con las inevitables comparaciones de la comunidad hispana con los afroestadounidenses de las décadas de 1950 y 1960, convierten a esta ley en una prueba para el tribunal más alto de EU.

“Realmente le ofrece a la Corte Suprema una amplitud enorme para remodelar lo que significa ser un inmigrante (sin permiso de residencia) en Estados Unidos”, dijo el abogado Foster Maer, que representa a la organización activista LatinoJustice en Nueva York, que impugnó judicialmente la ley. Los oponentes sostienen que el requisito escolar de la nueva ley recuerda los tiempos del gobernador George Wallace parado a la entrada de una escuela para evitar la entrada de estadounidenses de origen africano.

Intimidaciones

“Hoy tenemos normas diferentes a la entrada de la escuela. Hay gestiones para intimidar a los menores que tienen el derecho constitucional de asistir a clase”, dijo el presidente de la organización activista Southern Poverty Law Center, Richard Cohen. Aunque no existen estadísticas fiables, las escuelas dijeron que en la actualidad hay menos estudiantes hispanos acudiendo a clases. En algunos casos hasta un 10% ha preferido desertar desde que la ley entró en vigencia hace un mes.

El procurador general de Alabama, Luther Strange, culpa al Departamento de Justicia del presidente Barack Obama de alentar las comparaciones con el movimiento de los derechos civiles al pronosticar falsamente que la ley dará pie a una discriminación generalizada.

El Departamento de Justicia, unas 30 organizaciones defensoras de los derechos civiles y algunos líderes religiosos prominentes impugnaron en una corte federal la ley, conocida como HB56. Los jueces bloquearon algunos puntos de la ley, pero otros están vigentes, como la verificación que puede hacer la Policía del estatus migratorio de una persona durante una detención de tránsito, y el que convierte en delito grave la realización de trámites básicos, como conseguir una licencia de conducir.

El Pew Hispanic Center calcula que el número de inmigrantes que viven en Alabama sin permiso aumentó de 25 mil en el 2000 a 120 mil en 2010.

Los residentes comenzaron a quejarse de que los hispanos les quitaban los empleos. Pero ahora, muchos migrante han huido y los patrones no han encontrado ciudadanos legales dispuestos a tomar los trabajos.

Muchos temen que la ley afecte la reputación del estado ante las empresas. “Se da la imagen, válida o no, de que no se quiere a los extranjeros y punto”, dijo el director general del sistema estatal de pensiones, David Bronner.