PHOENIX (Agencias).— El Senado de Arizona rechazó ayer varias iniciativas de ley que obligarían a la Suprema Corte a emitir un fallo contra otorgar la ciudadanía de forma automática a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos. Las iniciativas fueron rechazadas con 18 votos en contra y 12 a favor, y con 19 sufragios en contra y 11 a favor debido a que la mayoría republicana se dividió sobre el tema.

El Senado también rechazó otras medidas sobre inmigración ilegal que iban desde temas de salud, servicios públicos y actividades cotidianas como el derecho a conducir vehículos y registrarlos. Los que las apoyaban consideraban que las medidas darían alivio a los contribuyentes, mientras los opositores argumentan que aprobar nuevas leyes en un tema tan contencioso podría dañar la economía del estado, la cual apenas se está recuperando.

“Es tiempo de que nos demos un descanso”, dijo el senador republicano John McComish, de Phoenix. “La gente no quiere que nos enfoquemos en eso”. La legislación fue considerada un año después de que Arizona promulgó su controvertida ley contra la inmigración ilegal, la SB1070.

La ley de 2010 provocó protestas, boicots y apelaciones judiciales que causaron que un juez federal suspendiera algunas provisiones clave.

“La falta de valentía política” es el único impedimento para aumentar la presión a la inmigración ilegal, dijo el senador republicano Russell Pearce, uno de los impulsores de la ley.

Oklahoma, contra los migrantes

Por otra parte, el Senado de Oklahoma aprobó una amplia iniciativa de ley antiinmigrante que va más allá de la controversial SB1070, al autorizar a los policías detener y cuestionar a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada.

La iniciativa SB908, aprobada la noche del miércoles por 29 votos contra 15, concede a la sospecha de la autoridad, definida como “causa probable”, una razón justificada para la detención de la persona y su cuestionamiento.

Un agente de policía “puede, sin orden judicial, detener a una persona, cuando el oficial crea que la persona es un extranjero que está sujeto a una orden de detención o aviso de acción emitido por el Departamento de Seguridad Nacional”, precisa el texto de la propuesta. Esto autorizaría a los policías a detener sin orden de arresto o razón a cualquier sospechoso de ser indocumentado. El proyecto de ley también autoriza a confiscar todos aquellos bienes utilizados para cometer delitos relacionados a la inmigración indocumentada, incluyendo vehículos en el que fueron transportados inmigrantes o casas donde fueron albergados.