PHOENIX, Arizona (Agencias).— Arizona enfrenta la amenaza de una serie de boicots, tras la promulgación de la ley estatal que criminaliza a la inmigración indocumentada, proveniente en su mayor parte de México.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración aseguró, luego que la gobernadora Jan Brewer firmara la ley SB1070, que cancelaría su convención nacional de otoño programada para realizarse en un hotel en Scottsdale, Arizona.

Mientras, decenas de camioneros independientes hispanos acordaron no trasladar ni recoger cargas desde y hacia Arizona en protesta por la nueva ley.

Casi 40% de las frutas y verduras importadas de México a Estados Unidos pasa por la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona. Jesús Serrano, quien trabaja para una compañía de camiones de carga con sede en Los Ángeles, dijo que él y unos 70 conductores se habían puesto de acuerdo para no transitar por Arizona en señal de rechazo a la ley. Serrano advirtió que la protesta de los camioneros podría crear una acumulación de productos en los depósitos de esa localidad.

El representante federal Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, calificó a la nueva ley de racista y convocó a las compañías, a lo largo y ancho del país, a sumarse a un boicot económico contra esa entidad.

Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la ley promulgada en Arizona, mientras el gobierno federal revisa la legislación por si supone una violación a los derechos civiles.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la legislación que refleja la impaciencia de su estado y otros por la falta de una política inmigratoria clara y firme del gobierno federal que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados.

El presidente estadounidense, Barack Obama, que calificó ayer como “mal encaminada” la ley de Arizona antes que Brewer la promulgara, ordenó al Departamento de Justicia que estudie la norma para determinar si viola las leyes federales de derechos civiles. La nueva disposición legal autoriza a las policías del estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas de que los agentes sospechen que son inmigrantes indocumentados.

Ven espiral de temor

El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación “lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país”. Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.

Por su parte, William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona. “Millones de latinos en todo el país están conmocionados”, dijo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30 mil iglesias evangélicas en Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.

Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la normativa SB1020 es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y registros personales ilegales simplemente debido a la apariencia de las personas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Mario Canahuati, afirmó ayer que con la nueva ley que penaliza la inmigración ilegal en el estado de Arizona “están pisoteando” a los inmigrantes.

“Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente”, dijo el canciller, quien subrayó que “lo que está sucediendo en Arizona no puede multiplicarse ni servir de modelo para otros países”. El gobierno de Guatemala también se lamentó por la promulgación de la ley.

El dirigente sindical de Costa Rica, Albino Vargas, dijo que “esa ley es de contenido racista, es una ley de carácter xenofóbico, es una especie de limpieza étnica, y que se inscribe en un corriente ultranacionalista que está cogiendo mucha fuerza en Estados Unidos”.