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El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, lamentó la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de promulgar la ley antiinmigrante SB1070 y anunció que las autoridades mexicanas utilizarán todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance para responder a esta situación.

“Eso es discriminación racial”, sostuvo Sarukhán en un mensaje que colocó en su cuenta de twitter.

El embajador detalló en sendos mensajes en inglés y español la posición del gobierno mexicano ante la aprobación de la legislación que faculta a policías de Arizona, estado de la unión americana fronterizo con México, para detener e interrogar a sospechosos de ser indocumentados y, además, sanciona el empleo de migrantes en dicha entidad.

“México lamenta la decisión de la gobernadora Brewer de firmar la ley SB1070 hoy en Arizona. México utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance en respuesta a la firma de la ley”, señaló Sarukhan. “Según la gobernadora Brewer, Arizona ‘definirá la descripción’ de ‘como identificar a un inmigrante’ indocumentado. Eso es discriminación racial”, apuntó el diplomático.

Patricia Espinosa Cantellano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que la ley antiinmigrante firmada por la gobernadora Janice K. Brewer “afecta la relación entre Arizona y México y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación” con esa entidad. Criminalizar la migración indocumentada no es la vía para resolver ese fenómeno, expresó la canciller.

Espinosa fijó así la posición del gobierno mexicano ante la firma de la ley “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros” (SB1070) de Arizona, y lamentó que a pesar de los acercamientos a todos niveles por parte de autoridades federales y estatales mexicanas se haya tomado la medida.

Dijo que los legisladores y la gobernadora aprobaron la ley sin tomar en cuenta “la valiosa aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura de Arizona y de Estados Unidos”.

Espinosa aclaró que “el gobierno de México reconoce el derecho soberano de todos los países para decidir las políticas públicas que deban aplicarse en su territorio”, pero subrayó que “la criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada. La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte”.

Añadió que el gobierno mexicano utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó también su rechazo a la ley, al considerarla como persecutoria de los mexicanos indocumentados que residen en Arizona.