LIMA.? La magistrada María Mere Espinoza, del Trigésimo Séptimo Juzgado Penal, resolverá en los próximos 13 días la situación legal de los cuatro testigos que denunciaron la masiva falsificación de firmas que se utilizaron para la inscripción del Frente Independiente Perú 2000. Y también la del regidor oficialista Alejandro Navarrete Santillán, uno de los principales implicados. La juez recibió la denuncia contra los testigos en horas de la mañana del jueves último con el número 3766. Según la ley, a partir de ese día, la magistrada dispone de 15 días para calificar la denuncia, tras lo cual resolverá si abre, o no, instrucción contra los denunciados, o si dispone la improcedencia de la acción penal. En caso de iniciar un proceso, la magistrada Mera decidirá si ordena la detención de los denunciados o si dicta sobre ellos mandato de comparecencia, que los obligaría a asistir al juzgado cada vez que se les cite.

El mundo al revés

La denuncia de la fiscal Mirtha Trabucco ha causado suma extrañeza, por el hecho de que los cuatro testigos que revelaron la ilícita operación (los hermanos Carlos y María Rodríguez Iglesias, la madre de ambos, María Iglesias, y la estudiante universitaria Érika Martínez) han terminado denunciados. Cabe recordar que los testigos solicitaron acogerse al beneficio de la confesión sincera, al acudir voluntariamente a las autoridades. El abogado Robert Meza, del Instituto de Defensa Legal (IDL), criticó que en la denuncia se ha dejado fuera a los principales gestores de la falsificación. Sólo se ha incluido a Luis Navarrete Santillán, quien, de acuerdo con los testigos, formaba parte de la red de falsificación y montó en su casa una fábrica de menor envergadura ?en comparación a las de Bellavista?, en agosto pasado. La fiscal Trabucco no se pronuncia sobre la situación del congresista Óscar Medelius. Tampoco dice nada sobre el personal de seguridad de su notaría, entre ellos Ramón Jaime Vicente, apodado ?Jaque?, quien controlaba la seguridad de los dos locales de falsificación de firmas, entre octubre y diciembre del año pasado. La resolución tampoco incluye a Migdonio Bellota, regidor oficialista de la Municipalidad de Los Olivos, implicado en el transcurso de las investigaciones y declaraciones de los testigos como uno de los principales responsables de la captación de personal para las fábricas.

Ninguno de la ONPE

Asimismo, la resolución omite a funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como es el caso de Rubén Calderón Díaz, jefe de la ODPE de Arequipa, y sindicado como el supervisor general de las fábricas de firmas. Tampoco mencionan a Arturo Loayza, José Zumarán y Emma Nazario, todos de la ONPE, que fueron reconocidos por los testigos como miembros de la red de falsificación. El abogado Ronald Gamarra, también del IDL, resaltó que la denuncia ocurre coincidentemente tres días después de que la testigo María Iglesias Rodríguez reconociera unas 370 firmas que ella realizó de su puño y letra y que sirvieron para llenar la lista de adherentes del Frente Independiente Perú 2000. En la diligencia efectuada el lunes último, de dos de la tarde a nueve de la noche, la señora Iglesias ingresó a un ambiente del laboratorio de criminalística de la Policía Nacional, en la avenida Aramburu, donde se encontraban unas 59 cajas selladas. Tras abrir 11 cajas, donde se hallaban listas de adherentes de color blanco, la señora Iglesias pidió revisar sólo las listas celestes, con fecha del mes de agosto del año pasado, etapa en la que ella participó. El pedido le permitió reconocer, de manera precisa, las firmas que realizó. El martes, Érika Martínez, otra testigo, había sido citada por la fiscal Trabucco, para que también reconociera las firmas que había adulterado.

Pero la diligencia fue suspendida sorpresivamente, sin mayor explicación. El jueves, todos los testigos fueron incluidos en la denuncia ante el Trigésimo Séptimo Juzgado Penal.