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Procampo fracasó y permitió el desvío de recursos. En 15 años patrocinó el clientelismo político y agudizó los niveles de pobreza entre millones de campesinos. Desde 1994 —año en que surgió el programa para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte— y hasta 2008, se destinaron 171 mil millones de pesos; los recursos terminaron en manos de grandes productores y hasta en las de narcotraficantes.

Este diagnóstico es producto de un serial de la Unidad de Investigaciones Especiales de EL UNIVERSAL que, de julio 27 a julio 30 de 2009, evidenció los nulos resultados del programa insigne del gobierno mexicano.

Además de propósitos incumplidos, Procampo benefició desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de subsidios y a familiares de ellos.

Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo entonces que esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos.

“Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos”, afirmó el investigador.

El autor del análisis Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada exhibe la desigualdad con la que se han repartido los recursos, situación que explicaría —en parte— el fracaso de dicho programa.

Apoyo para pocos

De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.

“El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor”.

En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, alrededor de 46 mil millones de pesos, que les dejó, en 14 años, 10 mil 600 pesos por individuo.

Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), expuso que Procampo, entre los productores pequeños, empezó a tener una vertiente social, por encima de apoyar la productividad del campo.

El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina (CNC).

La Central Campesina Cardenista (CCC) refirió que los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo “constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad”.

Muestra de ello, documentó con base en la encuesta levantada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), es que 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes.

El resultado fue que, en 14 años del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, aseguró ese organismo.

Padrón deficiente

José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a lo sospechoso que resultó el padrón original del programa.

En entrevista concedida a Merino, del CIDE, el ex funcionario reveló que “tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón”, de acuerdo con lo vertido por el investigador en su estudio.

López Presa dio cuenta que un mes antes de las elecciones federales de ese año, las presiones no solamente provinieron de fuera; “un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI”.

Por su oposición, quien aporta los detalles de los hechos fue despedido por conducto del entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.

Otro de los personajes vinculados en las presiones por imponer agremiados en el padrón de Procampo, de acuerdo con la investigación de este diario y con reportes del investigador del CIDE, es Jorge Kondo López, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

Narcos, en la lista

En 2007, la diputada por el PRD, Nora Ruvalcaba Gámez, efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.

“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, establece la legisladora en declaraciones a este diario.

Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar un proceso de depuración del padrón, aseguró Nora Ruvalcaba.

Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró una lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados. Menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al “último de sus suegros”, Inés Coronel Barreras.

Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del “cártel del Milenio”, y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.

“El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral”, dijo Kondo, quien negó haber influido en la elaboración de ese primer padrón del programa a estas personas, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con Mauricio Merino.

Menosprecio a los pobres

Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, quien se ha dedicado desde 1982 a estudiar el campo mexicano, comentó que salvo breves momentos históricos, la política agropecuaria nacional ha sido sesgada hacia los productores más poderosos, las zonas de riego y los estados del norte del país.

El académico indicó que una política agraria que favorece a los ganadores produce perdedores.

La conformación del padrón de Procampo se hizo poco antes de las elecciones de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República y Carlos Hank González titular de la Secretaria de Agricultura.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, coordinador de Apoyos de Procampo, reveló a Merino que los gobiernos de los estados buscan que se incremente cada año el presupuesto del programa y que ellos tengan margen de maniobra sobre los recursos.

Los gobernadores, los presidentes municipales y las principales organizaciones de campesinos han mantenido una fuerte pugna política por controlar los padrones de beneficiarios y los pagos, agregó.

Los recursos del Procampo se entregan según el número de hectáreas productivas. Este año se propuso poner un tope máximo de 100 mil pesos de apoyo a propietarios de grandes extensiones de tierra e incrementar la ayuda a los agricultores pequeños. La primera medida se aprobó. De la segunda, dedicada a los más desprotegidos, sólo se aceptó un aumento cercano a 300 pesos por hectárea.

Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, advirtió que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política neoliberal y la modificación al artículo 27 constitucional, el gobierno da señales de que sus planes son desmantelar la producción en pequeña y mediana escala, depender de la importación, expulsar a la mayor parte de la población campesina y reconcentrar tierras y recursos naturales en pocas manos, “con el pretexto de que sólo la producción en gran escala es competitiva a escala global”.

Situación actual

El padrón de beneficiarios de Procampo ha sufrido una depuración “natural” a través de los años, hasta quedar con una base actual de 2.7 millones de beneficiarios, poseedores de 14.2 millones de hectáreas. Sin embargo, se carece de una herramienta eficaz para detectar si los recursos obtenidos se aplican en la superficie adecuada y para suspender vía expedita la ayuda a personas relacionadas con el narcotráfico o sus familiares.

John Scott, analista de subsidios agrícolas del CIDE, aseguró que el campo era una fuente de ingresos de las familias pobres en zonas rurales, pero hoy el sustento lo encuentran en actividades ajenas al sector agrícola.

“Es muy difícil que los campesinos de subsistencia puedan vivir con los ingresos que obtengan de un predio de una a tres hectáreas”, explicó el académico a 15 años del programa y con una transformación en el campo mexicano que nunca llegó.