El gobierno federal presentó el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012, pero condicionó su ejecución a la aprobación de la reforma fiscal y, en el mejor de los escenarios, también a otras como la laboral y la energética, que deberán consolidarse en los próximos cinco años.

Acompañado por su gabinete legal y ante 14 gobernadores de PRI, PAN y PRD, el presidente Felipe Calderón señaló que el peor escenario —“inercial”— sería el que resulte del rechazo a una iniciativa hacendaria, lo que llevaría a la administración federal a disminuir los recursos para infraestructura.

Los otros dos escenarios son con reforma hacendaria —“base”— y, en el mejor de los casos, con reformas energética y laboral —“escenario sobresaliente”—, que daría recursos hasta por 300 mil millones de dólares.

“Es vital la aprobación de esta reforma (fiscal) y también que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hagamos un esfuerzo político conjunto para evitar que las habituales presiones de gasto presupuestal nos aparten de este propósito de destinar la recaudación adicional en una mitad a la infraestructura pública que requiere el país”, puntualizó el presidente Felipe Calderón.

El programa no considera infraestructura para salud (hospitales y clínicas), educación (tecnologías de información) ni en obras explícitas en materia de seguridad.

Aun así, el Programa Nacional de Infraestructura incluye 300 proyectos a desarrollar en todo el país, que requerirán inversiones por 2 billones 532 mil millones de pesos para el periodo 2007-2012, es decir, un promedio de 422 mil millones de pesos (mdp) cada año, desde un “escenario básico”.

De este total, 47% corresponde al rubro de los hidrocarburos; 30% al sector comunicaciones y transportes; 15% a electricidad y 8% a infraestructura hidráulica.

Estas inversiones significarían un incremento de 51% en términos reales respecto de los recursos canalizados a estos sectores entre 2000 y 2006.

Sin tomar en cuenta al sector energético, en el resto de las industrias se calcula que 42% de la inversión sea cubierta con recursos públicos y 58% con recursos del sector privado, nacional o extranjero.

En la presentación, los secretarios de Comunicaciones, Medio Ambiente, Turismo y Energía ofrecieron un listado con las obras a desarrollar, pero se reservaron otras como la construcción de un aeropuerto alterno en el valle de México, el cual, se aseguró, “ya está en análisis”.

De los proyectos destacan inversiones para puertos, aeropuertos, carreteras, sector energético (electricidad e hidrocarburos), ferrocarriles, turismo y medio ambiente (drenaje y agua).

Luis Téllez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que se construirán ejes carreteros, 10 corredores ferroviarios más para carga, trenes suburbanos en la zona metropolitana, modernización de 22 puertos, construcción de 13 muelles, tres aeropuertos en la Riviera Maya, Mar de Cortés y Ensenada, así como la ampliación de otros 31, y el crecimiento de la red telefónica fija y móvil.

El secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, incluyó proyectos de tratamiento de aguas residuales y ampliación de red potable, así como construcción de obras de drenaje para la capital del país, motivo de diferendo entre los gobiernos federal y local.

En energía, Georgina Kessel dijo que se llevaría electricidad a 50 mil viviendas de difícil acceso, contar con fuentes renovables de energía hasta 25%, destinar recursos para exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y ampliar áreas de refinación, gas y petroquímica.

Calderón Hinojosa reconoció que será necesario promover gastos multianuales, brindar certeza jurídica y mejor coordinación entre órdenes de gobierno y sector privado para priorizar obras y no dispersar el gasto.

Se comprometió a impulsar las reformas legales necesarias para dar certidumbre jurídica a los inversionistas privados.