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En las últimas décadas, en nuestro país ha adquirido mayor trascendencia la democracia participativa, que conlleva mayor grado de exigencia a los gobiernos nacional y subnacionales para que los asuntos de orden público sean manejados con responsabilidad y eficiencia tanto administrativa como operativamente.

Los ciudadanos empezamos a tomar mayor conciencia de que los administradores públicos, sobre todo los más cercanos a nuestras actividades diarias, tienen el compromiso de satisfacer la provisión de bienes y servicios públicos, de manera destacada los que tienen que ver con el equipamiento urbano, vialidades y servicios básicos (alumbrado, recolección de basura, seguridad pública, entre otros). En este sentido, las crecientes exigencias requieren que los gobernantes aumenten su dedicación al tema, pues su futuro político está comprometido.

La figura del Administrador Municipal o city manager surgió a principios del siglo pasado como respuesta a las crisis sociales y políticas de algunas ciudades desde finales del siglo XIX. Este funcionario público tiene entre sus responsabilidades preparar el presupuesto, dirigir operaciones diarias, supervisar actividades administrativas, administrar recursos humanos y ejecutar planes municipales. Es un brazo ejecutor que debiera desempeñarse de forma ajena a influencias políticas y partidistas.

Según la International City/County Management Association, a nivel mundial este modelo ha tenido amplia aceptación, se le conoce, por ejemplo, como Administrador Municipal en Chile, City Manager en Estados Unidos y Canadá, Gerente Municipal en Centroamérica, Town Secretary en Reino Unido, Municipal Clerk en Australia y Nueva Zelanda, Town Permanent Secretary en Holanda. Tan sólo en Estados Unidos opera en más de 3 mil poblaciones y ciudades. En nuestro país, la figura de administrador o gerente municipal operó en Tijuana durante la década de los años 2000 llegando a tener una posición superior a los secretarios y directores. De igual forma en Texcoco, opera desde la administración municipal de 2006. Un tercer caso se presentó en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, de 2004 a 2006, sin embargo no tuvo continuidad en las subsecuentes administraciones delegacionales.

Hace uno días el jefe de Gobierno del Distrito Federal creó la Agencia de Gestión Urbana (AGU) cuya tarea será coordinar y planear las acciones en materia de servicios urbanos y obra pública. Su titular tendrá las funciones de Administrador de la Ciudad o City Manager y deberá coordinarse con el jefe de Gobierno y los titulares de Finanzas, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras, Transporte, Turismo, Cultura, Protección civil y Aguas, así como con los 16 jefes delegacionales con el fin de cumplir la labor encomendada.

Según el anuncio, la AGU tendrá tres brazos ejecutores: el Centro de Inteligencia Urbana, el Centro de Estrategia y Funcionalidad Urbana y el Laboratorio para la Ciudad de México. La agencia dará seguimiento a propuestas relacionadas con servicios urbanos y obras públicas.

Esta figura de Administrador de la Ciudad, que es en esencia de orden municipal, ha mostrado su valía en distintas ciudades de Colorado, Minnesota y Virginia en Estados Unidos. Su éxito se ha manifestado en una notable reducción en el gasto junto con una mayor eficiencia en la implementación de programas. Cabe señalar sin embargo, que suelen ser nombrados por el consejo municipal y su permanencia en el cargo no está supeditada a la elección de un nuevo alcalde y consejo —duran en promedio 8 años—, lo que le da continuidad en los programas.

El caso del Distrito Federal se advierte que su funcionamiento será muy sui géneris, ya que además de ser nombrado por el Jefe de Gobierno y no tener una figura legalmente constituida en el marco normativo de la administración pública, tendrá en contrapartida la figura de jefes Delegacionales, que si está estipulada en ley, quienes en principio tienen la facultad y la obligación de proveer servicios urbanos y tienen el control presupuestal. Es necesario pues que se den con claridad las reglas de operatividad del Administrador de la Ciudad a fin de que sus funciones no se empalmen.

En este tenor, será importante saber la reacción de los jefes delegacionales ante éste nombramiento, ya que sin su participación en pro de una mejor ciudad, podrían generarse conflictos de interés. Además, su operatividad deberá cuidar que no se llegue a un exceso de centralismo en la Ciudad, lo que podría contraponerse con las intenciones de la izquierda gobernante que busca convertir al DF en un estado libre y soberano, lo que implica municipios libres y soberanos.