"Los recursos del Poder Judicial de Coahuila no se pueden considerar como perdidos", aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, al confirmar que son 90 millones de pesos lo que depositó en Ficrea (los que le fueron defraudados) y no, 92 mdp, como se difundió en algunos medios.

En conferencia de prensa donde se limitó a leer un comunicado para tratar de aclarar la situación, Pérez Mata adelantó que a la brevedad presentarán las denuncias y demandas mercantiles ante las autoridades competentes y negó que exista quebranto financiero o presupuestario en el TSJ por el dinero que les robaron o que eso haya afectado el funcionamiento de la institución.

"Ahora que inició el proceso de disolución y liquidación de los activos de la sociedad financiera -declaró-- hay confianza de que la actuación de las autoridades federales competentes aseguren la protección de los intereses de los inversionistas, entre ellos el Poder Judicial del Estado".

Informó que tras conocer que le fue revocado el permiso a FICREA para seguir operando, solicitó a la Auditoria Superior del Estado y el Auditor Externo practiquen la auditoria correspondiente para, en su caso, deslindar las responsabilidades que resulten.

El magistrado presidente rechazó tajante que exista algún quebranto presupuestario o financiero en el TSJ porque ese dinero destinado a la inversión, no forma parte de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones ordinarias en el funcionamiento del Poder Judicial del Estado.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila es uno de los 84 clientes que más dinero tenía invertido y fue defraudado al igual que más de 6 mil ahorradores a quienes les desaparecieron al menos 2 mil 700 millones de pesos. La FICREA empezó a operar el 05 de agosto de 2008 durante el sexenio pasado del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (PAN).

LA LEY PERMITE INVERTIR

Menos aún es cierto, añadió, que se encuentren comprometidos los recursos para la implementación de los juicios orales, los cuales son destinados, etiquetados y administrados por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Gobierno Federal y la Comisión para la Instrumentación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.

El Poder Judicial admite que invirtió en FICREA desde hace más de 4 años porque ofreció condiciones de seguridad y mejores rendimientos, siempre con las obligaciones convenidas durante el tiempo de la contratación, destacó al intentar aclarar lo del multimillonario fraude.

"Los 90 millones de pesos son del Fondo del Mejoramiento para la Administración de Justicia y no se pueden considerar como perdidos, pues corresponde a las autoridades federales competentes recuperar la totalidad de los mismos", declaró

Actualmente hay un proceso de disolución y liquidación de los activos de la sociedad financiera como de empresas relacionadas con ella, que no ha sido concluido y que implica la recuperación del patrimonio y activos para solventar las obligaciones de pago con los ahorradores, refirió.

Asimismo, explicó que el Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia puede ser objeto de diversos mecanismos de inversión a través de una serie de instituciones financieras acreditadas y reconocidas por las autoridades competentes, que garantizan la confiabilidad y seguridad de la inversión.

Dicho Fondo es permanentemente auditado por las instancias fiscalizadoras internas y externas de la institución.

Respecto a la inversión en Ficrea S.A. de C.V., expuso que los términos de la contratación se realizaron conforme a la legislación aplicable y vigente, puesto que dicha empresa financiera se ostentó y manifestó mediante documentos, que contaban con las autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que les permitía contratar con entidades públicas.

"Circunstancia que al no ser verídica, implica la comisión de un delito por parte de esta sociedad financiera y que se denunciará a la brevedad posible ante las instancias competentes", aseveró.

LA INVERSIÓN FUE LEGAL

"Desde la contratación, --refirió-- ninguna autoridad financiera o de protección, supervisora del sistema financiero, manifestó, hizo pública o de nuestro conocimiento, el hecho de que la empresa financiera en cuestión careciera o se le hubiese revocado la autorización para operar con entidades públicas".

El magistrado resaltó además que la ley de la materia sí contempla que una sociedad financiera popular pueda legalmente recibir depósitos de entidades gubernamentales con la autorización respectiva.

"Los recursos para el Fondo de la Administración de Justicia se han publicitado desde su creación, son debidamente auditados y dados a conocer tanto en las cuentas públicas como en los informes anuales de labores de la Presidencia de este Poder", puntualizó.

cg