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La inseguridad, la falta de gobierno y de certeza jurídica; la ausencia de Estado de derecho, la corrupción, los gastos que hacen las personas y negocios para protegerse, las carencias sociales por falta de inversión y empleo, entre otras situaciones, generan un costo a la población que ronda los 10 puntos del PIB, aseguró el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada.

Además de que la economía mexicana perdió entre 1 y 1.5 puntos de crecimiento por año durante la última década, por el hostil entorno que hay en muchos estados del país como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Jalisco y las afectaciones que se registran a la producción industrial de Chihuahua, Nuevo León y Coahuila por la inseguridad, dijo.

La situación es que la inseguridad e impunidad absoluta, la falta de protección patrimonial, los robos y demás ilícitos generan una absoluta ausencia de confianza, que es la variable fundamental para emprender negocios y consumir.

Hay un ambiente “hostil a la actividad económica, al no haber Estado de derecho, ni confianza en las instituciones, en la protección del patrimonio, entonces las empresas dudan en invertir”, comentó. Por ello advirtió: “ante esta expectativa ni siquiera las reformas estructurales van a tener efecto y no pasará tiempo para sentir efectos más serios”.

El desplegado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —que firman una docena de organismos— es una exigencia a que los gobernantes cumplan con su mandato.

La pregunta para los tres niveles de gobierno y los tres poderes es: “¿Hasta cuándo van a permitirse estos abusos y la impunidad?”, dijo el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani en su mensaje semanal.

Necesitamos gobiernos municipales, estatales y federales que hagan cumplir la ley y que no “sobrelleven el deterioro institucional”, expuso.

El CCE advirtió que si las autoridades son omisas y dejan pasar los hechos de vandalismo y de violencia que se registran en el país en lugar de resolverlos, entonces se percibirá la “debilidad” de éstas y podría aumentar la intensidad de la violencia en el país.

Para Gutiérrez Candiani el problema es que “hay hechos que están fuera de proporción”, como agredir y golpear a un empresario o secuestrar a un chofer y obligarlo a hacer actos delictivos.

Foncerrada aseveró que la situación es “extremadamente dramática” en estados como Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco. Hay una falta de gobierno, como se vio en los últimos días que hasta se ataca a un cuartel.

“Pero no se trata solamente de la inseguridad, también hay corrupción, a nivel municipal y estatal, que impide se lleven a cabo inversiones, al pedirse cuotas, mordidas y pagos que desalientan la inversión”, advirtió el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

La exigencia de mordidas en proyectos gubernamentales llega a ser de entre 30 y 40 % del costo del proyecto, lo que incrementa precios de las obras, de acuerdo con Foncerrada.