Durante su reciente visita a México, Joseph Stiglitz realizó tres aseveraciones relevantes para México.

La primera en el sentido de que nuestro país tiene una mayor “fortaleza” macroeconómica por haber limitado su dependencia respecto a la evolución del petróleo. Aquí cabe una precisión, no se eliminó toda la dependencia petrolera, aún representa 35% de los ingresos públicos. Fue en el comercio exterior en donde se redujo su participación, lo sustituyó un proceso trunco de industrialización llamado maquila de exportación, que paga pocos impuestos.

El segundo aspecto que Stiglitz señaló es que la austeridad es una mala idea: “uno de los grandes errores de la austeridad extrema es que reduce el potencial de crecimiento”. La evidencia económica avala su reflexión, en la década de los 80 los programas de ajuste macroeconómico minaron la base productiva de México y otros países de América Latina. La factura es elevada: a fines de los años 70 el PIB potencial crecía a tasas anuales de 6%, hoy no supera el 2.5%.

Sin crecimiento económico vigoroso y sostenido es imposible reducir la marginación y pobreza. El gasto público no representa el mecanismo para atender los rezagos sociales y la inequidad, para que esto ocurra es imprescindible contar con empresas generadoras de valor agregado y de empleo formal.

La debilidad del mercado laboral, resumido en su informalidad, constituye el sustento de otro punto tocado por Stiglitz, algo ya comentado por analistas mexicanos: la mayor proporción de los trabajadores no se encuentra en camino de contar con un sistema de pensiones digno. Esto representa un pendiente que puede transformar nuestro bono demográfico en un desequilibrio social adicional.

Tomar en consideración estos señalamientos es oportuno porque llegan en una coyuntura en donde la economía de Estados Unidos da muestras de una moderación en su evolución, con todas las implicaciones que ello tiene para México.

La inversión privada, las expectativas del sector privado y del consumidor, así como el indicador adelantado de la economía nacional ya dan cuenta de que es necesario reactivar la actividad productiva.

Evidentemente que esto representa un desafío que se debe atender, y hay una opción para ello: la política industrial.

En términos generales México exhibe un bajo crecimiento económico, 1.7% en promedio durante los últimos dos años. Sin embargo hay estados que tienen un desempeño productivo superior. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, los más destacados, tienen un sector industrial altamente competitivo y moderno, el cual es el motor de su crecimiento. Producen tanto para el mercado externo como para el interno.

Parte de su éxito radica en el sector automotriz, el cual tiene su base en el decreto de política industrial que hace medio siglo sentó el fundamento de su actual éxito. Bajo dicho contexto puede entenderse que el TLCAN sea un mecanismo fructífero para el sector automotriz: se tuvo la política industrial adecuada para comerciar. No obstante también sucede lo contrario: sin política industrial el comercio de bienes no tiene el mismo patrón de éxito.

Lograr mayor crecimiento implica elevar la capacidad transformadora del país, particularmente en las regiones con mayor rezago. De igual forma implica incrementar la capacidad innovadora de las empresas, ello es algo natural en la actividad industrial: no se puede competir sin ser productivo y tener una planta moderna capaz de enfrentar la manufactura de otros países.

En el marco de la Ley para el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional deben crearse las políticas públicas que lleven el fomento económico a los sectores productivos motores. La industria es el mecanismo para iniciar dicho proceso, y por su medio generar empleo formal que erradique los problemas de pobreza que México enfrenta.

Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico