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Con 71 años de edad y contador público de profesión, Antonio Suárez, quien pide ser llamado así para evitar alguna represalia en su contra, es una de las miles de víctimas de las llamadas empresas fantasma. En su experiencia, afirma, lo peor es que los defraudadores trabajan “en las narices” de autoridades y nadie los detiene.

De acuerdo con información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), las empresas fantasma operan en todo el país las cuales difunden ofertas de trabajo inverosímiles con salarios altos y horas mínimas de labor, ya sea en casa u oficina para actividades como empaque o etiquetado de productos, entre otros.

“Vi un volante pegado en una caseta de teléfono, hice una cita y me pidieron presentarme. Al llegar te preguntan si has tenido contacto con un empleo similar y yo dije que no. Necesitaba el dinero en ese momento, después me dijeron que me presentará al día siguiente para un curso”, relata el entrevistado.

Como parte de la estrategia de los falsos empleadores, Suárez pagó más de 4 mil pesos para gastos de publicidad, credenciales y una última prueba para obtener el empleo que consistía en vender perfumes de baja calidad a 600 pesos cada uno. Al final, se quedó sin dinero y sin trabajo.

“No se trata de una sola persona, es toda una organización y trabajan en las narices de las autoridades. Cuando yo me presenté en la delegación uno de los agentes me dijo: esos cuates así son. Entonces ya los conocen y saben quienes son. Es sencillo investigarlo", afirma el septuagenario.

Con base en la denuncia interpuesta el 10 de marzo de 2015 ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público CUH-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Cuauhtémoc, los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado y hasta ahora el afectado no ha obtenido respuesta.

“Creo que están protegidos, están muy cerca de la delegación Cuauhtémoc, no se quien los proteja. Ellos (los presuntos defraudadores) hasta presumían: ´nos han acusado de varias cosas, pero aquí seguimos a un lado de las autoridades y seguimos trabajando, no nos pasa nada”, relata.

Los hechos denunciados por Antonio ocurrieron en la calle Puente de Alvarado No. 42, segundo piso, despacho 205, colonia Tabacalera en Cuauhtémoc. Este edificio se encuentra a menos de dos cuadras de las oficinas de la delegación política que encabeza Jimena Martín del Campo.

“La delegación Cuauhtémoc está ubicada entre las calles de Mina y Aldama, y estos tipos estas empresas están en Puente de Alvarado, a un lado del Museo San Carlos, entonces están muy cerca, por eso decían que no les pasa nada”, añade Suárez.

De acuerdo con un sondeo realizado en internet, la versión de Antonio coincide con decenas de denuncias de personas en la red, que incluso presentan otros sitios específicos de las oficinas de supuestos defraudadores en el Distrito Federal, Querétaro, Monterrey, entre otras ciudades.

“Estos defraudadores operan en varios lugares, en internet se pueden ver cantidad de estas células que siguen operando. Estuve yendo a la delegación y me decían que no había nada, me fastidié. Me dijeron que se iba a investigar y no han hecho nada”, reitera el hombre de tez morena.

EL UNIVERSAL buscó a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para preguntar sobre el caso, pero las autoridades no estuvieron disponibles al cierre de esta edición.

“Vi la miseria”

Antonio calcula que cada semana más de 150 personas son engañadas sólo en las oficinas de Puente de Alvarado y resalta que los supuestos empleadores se aprovechan de la condición social y necesidad de los aspirantes, además de que ejercen amenazas para evitar consecuencias después del fraude.

“Estos sujetos hacen dos cursos cada semana, en el que yo asistí había cerca de 60 personas y era lo mismo en otros grupos, yo calculo como 150 personas a la semana”, recuerda.

Aunque la cantidad que exigen los falsos empleados es cercana a los 4 mil pesos por cada persona, Suárez destaca que la pérdida de tiempo, pago de transporte y falsas promesas son consecuencias colaterales.

“Ahí en las juntas, yo era el que había comido tres veces, hay gente que no se imagina la miseria en que van, mujeres embarazadas, madres solteras, y hombres en pésima situación económica, al parecer era el único que sabía leer y escribir, es una miseria total lo que se ve”, relata.

Jorge Sales, especialista laboral del bufete Sales Boyoli, explicó que en términos legales es difícil integrar elementos para acusar a las empresas fantasmas de crimen organizado, aunque resaltó que la figura de fraude engloba las características de operar de estos falsos empleadores.

“Creo que se ha pasado por alto la posibilidad de denunciar en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal. La tardanza del Ministerio Público es tristemente normal, siempre tarda mucho en integrar las averiguaciones y esta sería otra forma de dar solución”, indicó.

El pasado 2 de junio, este medio informó del arranque de un operativo por parte de la STPS para erradicar la operación de empresas fantasmas que engañan a miles de personas.