Al clausurar la 78 Convención Bancaria el Presidente Peña Nieto reiteró que el presupuesto del próximo año implicará “hacer más con menos”. El ajuste que el gasto público federal sufrirá por la fuerte contracción del precio del petróleo obligará a que todas las dependencias modifiquen su administración.

Nuevamente México deberá actuar de manera reactiva ante un evento externo que restringe los ingresos del sector público.

El desafío es muy grande, durante décadas la ineficacia del gasto de gobierno se ha traducido en bajo crecimiento económico, caída en la producción petrolera, mala educación, infraestructura insuficiente para competir a nivel global, baja productividad e innovación, inequidad regional, mayor empleo informal, inseguridad y aumento en la pobreza, sólo por mencionar algunos de los aspectos más relevantes para la sociedad y economía mexicana.

Transformar lo anterior implica reconocer que la actual arquitectura de la administración pública no obedece a las necesidades de un país que requiere modernizarse para crecer y eliminar los desequilibrios internos que presionan su tejido social.

No se debe olvidar que ésta no será la primera ocasión en donde el gobierno federal debe aplicar un ajuste al gasto. Durante prácticamente toda la década de los años ochenta México realizó modificaciones sin que ello implicara una transformación a la calidad de su gestión.

Bajo la guía de instituciones y organismos internacionales rediseñó su administración y modelo económico, desembocando en la crisis de 1995. La recesión provocada por el efecto tequila implicó nuevas modificaciones que no fueron suficientes para evitar la necesidad de hacer ajustes posteriores al gasto público. El estancamiento económico del 2001-2003 y la recesión del 2009 propiciaron dichos cambios.

El problema es que el rediseño recurrente del presupuesto no propició una transformación de fondo. Como ejemplo basta recordar que durante el sexenio anterior el valor agregado promedio del gasto público se elevó en cero por ciento anual.

Además, los ajustes realizados han mantenido una lógica de corto plazo, se busca generar un equilibrio meramente contable, que el déficit público se encuentre bajo los parámetros que en apariencia reflejan finanzas públicas sanas pero que no implican eficacia en su ejecución.

Ocuparse solamente de la contabilidad ha tenido un costo elevado, en la década perdida de los años ochenta se sacrificó a la inversión pública productiva, un error que hoy limita la capacidad de crecimiento. Además tuvo efectos adversos sobre el sector privado, la apertura económica se realizó en un momento en el que las empresas mexicanas enfrentaban fuertes restricciones para invertir.

Una situación similar ocurrió en 1995 y aun durante el nuevo milenio, el ajuste contable para reducir el déficit público paso una factura al futuro, uno que ya nos alcanzó.

El reto de la actual administración no será el de realizar el ajuste presupuestal, ese se logrará sin gran problema. En realidad el principal desafío es romper inercias que generan ineficacia. Hasta hoy los cambios en el gasto público han frenado la inversión sin eliminar las relaciones corporativas que frenan el desarrollo de México.

El país no puede avanzar sin resultados tangibles en aspectos como la educación, productividad, desarrollo social, seguridad y crecimiento económico, es algo fundamental y para ello se requiere de eficacia en la gestión de los recursos. La evaluación de la administración pública debe realizarse en función de ello, pero es algo que no ocurre en nuestro país.

El problema político de la evaluación es requiere estar abierto a reconocer errores y hacer modificaciones, en estrategias, programas y personas. ¿Estaremos preparados para ello?

Director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico