Corrupción e inseguridad pegan a inversiones: Kroll
mario.verdusco@eluniversal.com.mx
La inseguridad, la corrupción y el fraude en México han generado la cautela de la comunidad inversionista, pero si persisten estos problemas pueden desalentar la entrada en operación de futuros proyectos, reconoció la consultora de riesgo de cobertura global Kroll.
Una encuesta realizada por la firma reveló que dos de cada tres empresas en el país reportaron un evento de fraude en el último año, entre los que destacaron incidentes como el robo de activos físicos, fraude financiero, corrupción y soborno, y fraude de proveedores y adquisiciones.
El director de Kroll México, Brian Weihs, aseguró que este tipo de acontecimientos sí desalientan a los inversionistas, pues muchos de ellos indagan sobre los niveles de inseguridad y corrupción de un país antes de poner en marcha algún proyecto.
“Sí, estos problemas sí desalientan. Aunque por el momento no hemos encontrado compañías que no quieran participar por cuestiones de corrupción si hemos visto que hay algunas que no entrarán por el riesgo regulatorio o lavado de dinero, que al final son temas ligado a la corrupción.
“Hay una cantidad de inversionistas que son bastante cautelosos, que hacen estudios y evalúan los riesgos de cuál será el costo de mantener una estructura considerando que deberá enfrentar temas contra la corrupción y la inseguridad”, dijo.
Y es que estudios de Kroll muestran que las pérdidas financieras asociadas al fraude han aumentado de manera preocupante. Hace dos años, este fenómeno mermó en promedio el equivalente a 0.7% de los ingresos de las compañías, pero el año pasado la proporción subió a 2%.
“Vemos este asunto de combatir la incidencia del fraude, la inseguridad y la corrupción porque hay un número importante de inversionistas que tienen interés de participar en el país, luego de la apertura del sector energético, pero manifiestan su preocupación de hacerlo por la existencia de estos tres problemas”, detalló.
Consideró que tanto la iniciativa privada, como el sector público converjan para asumir medidas que combatan estos flagelos, a fin de generarle a la comunidad inversionista un ambiente de mayor certeza.
Brian Weihs dijo que el sector público debe blindar a sus instituciones, sobre todo de los procesos de licitación con proveedores, ya que es un aspecto fundamental para darle viabilidad a futuros proyectos.
Respecto al sector privado, también conminó a protegerse para evitar ser vulnerable a estos problemas; sin embargo, comentó que de acuerdo con los resultados de las empresas, al menos cuatro de cada 10 manifiestan no estar dispuestas a blindarse, ya que carecen de presupuesto para una infraestructura que le dé cumplimiento a ese propósito.
“Si no quieren que las cifras mexicanas de fraudes sigan en aumento, las empresas tendrán que ser más agresivas al enfrentar el riesgo intensificado”, comentó.
El directivo de la firma que ha ganado pretigio como investigadora del mundo financiero reconoció positiva la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se generarán leyes para disminuir los riesgos por este fenómeno.
“La participación de este tipo de políticas entre los distintos sectores es positivo. La participación de todos los agentes involucrados es lo que hace falta para asegurar una estructura de organismos y de leyes que sean más eficientes”, dijo Weihs.
La firma de consultoría EY presentó su estudio global sobre corrupción y fraude 2014 donde aseguró que México es el campeón de estos dos fenómenos negativos, luego de que cuatro de cada 10 directivos empresariales aseguraron que es común practicar este tipo de actos para ganar contratos en el país.
Varios de los directivos mexicanos justifican acciones como el soborno y el fraude porque de esa manera se mantiene el negocio.
Por este tipo de acontecimientos y situaciones, el representante del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candini, comentó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es la agenda número uno del sector privado.
Lo importante, consideró, es que se genere un sistema que garantice la transparencia, rendición de cuentas, combate irrestricto a la corrupción y acceso a la competencia.





