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La falta de sanciones a la corrupción provocó que en la última década se perdieran 86 mil millones de dólares por desvíos, subejercicios, despilfarros y pagos indebidos en el gobierno federal, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que provocó una reducción del crecimiento de al menos un punto porcentual, aseguró el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal.

Por ello, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Senado aprobar la ley anticorrupción para sancionar a los responsables de esos ilícitos, ya que en los últimos siete años la opacidad en el país creció 80%, con un “agujero negro” de 56 mil millones de pesos en el último año.

El empresario aseguró que la ASF estimó que para estados y municipios la cifra subió a 355 mil millones de dólares en los últimos 15 años.

Foncerrada Pascal dijo que estos desvíos de recursos redujeron el crecimiento del país en un punto porcentual, si se considera que el dinero que no se invirtió se desvió o se robó equivaldría a entre 0.3% y 0.5% del PIB por año, lo que significa que hablaríamos de un acumulado en la década de cinco puntos del PIB actuales.

“Si esto se hubiera convertido en inversión, infraestructura, entre 150 mil y 200 mil empleos, habría habido más inversión privada y eso significa que no crecimos un punto más por año”, expuso en entrevista.

El presidente del CCE dijo que estados y municipios “han esfumado (recursos) entre el dispendio, la opacidad y la mala administración. Con un amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista”.

Todas estas irregularidades, opacidades, desvíos y posibles fraudes los reporta anualmente la Auditoría pero no hay sanciones ni investigaciones o correcciones, por lo que es fundamental que tanto la ASF como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tengan competencia en estos casos, lo cual requiere de que se apruebe la iniciativa de reforma que ya está en manos del Senado, tras la ratificación de la Cámara de Diputados.

Solamente con leyes fuertes se pasará “de los escándalos a la investigación a fondo y a la sanción a los responsables, ya sea por la vía administrativa o penal”, afirmó.

El otro problema, dijo Foncerrada Pascal, es que cuando no hay confianza en el país por la existencia de corrupción, crimen e inseguridad la inversión deja de llegar y la economía no crece como debiera.

En tanto, en su mensaje semanal en La Voz del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani dijo que la reforma constitucional que aprobaron los diputados y que deberán ratificar los senadores permitirá pasar a la fase crítica de implementación hacia un verdadero sistema nacional anticorrupción.

La iniciativa propone un comité coordinador del sistema, con un comisionado presidente, un representante del Consejo de la Judicatura y un comité de participación ciudadana.

Con todo ello se espera terminar con abusos que se han documentado como el hecho de que el gasto en materia de seguridad pública en los estados creció casi 100% en una década, pero en ese mismo periodo se duplicaron los delitos del fuero común.

Sería relevante fiscalizar los recursos federales que se destinan para fideicomisos, fondos y mandatos públicos, porque en estos programas hay un “déficit de transparencia”.

Con esa legislación se obligaría a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y otra sobre posibles conflictos de intereses.