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Las autoridades de todos los órdenes de gobierno han abandonado el cumplimiento más básico de su responsabilidad primordial: proteger la integridad física y ofrecer seguridad jurídica y patrimonial a sus habitantes, denunció el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Lo que sucede en Guerrero, derivado de la tragedia de Ayotzinapa e Iguala, es un contexto de ingobernabilidad en el que ya ni siquiera hablamos de cuestiones de inversión, sino de asuntos tan básicos como la coexistencia civilizada, la cual no se está dando por el pasmo de los distintos niveles de autoridad”, afirmó el director general del IMCO, Juan Pardinas.

El instituto fue uno de los 19 grupos que, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, firmaron un desplegado contra la inacción de las autoridades por las agresiones contra la iniciativa privada y otras organizaciones por los bloqueos de carreteras, casetas y otros ilícitos que han afectado la actividad económica y la vida cotidiana de los ciudadanos.

El representante del IMCO comentó que ante la incapacidad de los gobiernos municipales y estatales para detener o advertir la penetración del crimen organizado, es que el grupo de firmantes del desplegado tuvo que voltear a las autoridades federales para demandar a que salgan de su pasmo y actúen conforme a derecho para proteger la integridad de los ciudadanos.

Comentó que la demanda expuesta no implica más que se haga valer el Estado de Derecho para proteger la integridad de los ciudadanos, ya que la convivencia social está en entredicho.

La preocupación ahora es que ante la inacción de las autoridades, muchos de los eventos sociales que han ocurrido en recientes fechas se repliquen con una facilidad en otras entidades del país.

“Mientras más se deje crecer y avanzar esto, va ser mucho más difícil que se imponga el Estado de Derecho, que de por sí estamos lejos de tenerlo, pero es necesario que ya se haga algo.

“Es necesario que las autoridades manden una señal de que no se pueden transgredir los derechos de terceros sin consecuencias”, comentó Juan Pardinas.

Freno a la economía. Según diversos estudios, la inseguridad pública en el país tiene un costo de entre 0.5 y hasta 2% del PIB, lo que equivale entre 90 mil mdp o hasta 360 mil mdp anuales.

Este fenómeno ha sido un factor que ha estado involucrado en los recortes más recientes del Producto Interno Bruto (PIB) y que ha estado presente entre las preocupaciones de los analistas como un elemento que puede frenar el crecimiento en el futuro.

Juan Pardinas comentó que ante la cercanía de las elecciones federales y algunas estatales, este desplegado también es una buena llamada de atención, no solo para el gobierno, sino para la oposición y los partidos políticos.

“Lo ocurrido en Iguala es el caso más dramático de penetración del crimen organizado a la estructura de un gobierno. Aquí es donde explotó el problema y tanta opacidad es la que permite que haya esta corrupción a nivel municipios, estados y gobierno federal.

“Por eso hay que enfrentar el problema y para ello se necesita la participación de todos los partidos políticos, del Congreso e incluso del Poder Judicial, ya que debemos salvar la entereza del Estado mexicano frente al binomio corrupción-crimen organizado que se ha tornado el principal riesgo a la gobernabilidad y la estabilidad política del país”, opinó Pardinas.