México lucha contra su historia, por lo menos en lo que corresponde a una parte de su historia económica. Durante 2015, la reformas estructurales deberán probar que son capaces de transformar la realidad estructural de un país que cuenta con el potencial de convertirse en uno desarrollado, pero que nunca ha sido capaz de implementar y consolidar un modelo económico capaz de lograrlo.

Por su orden de aprobación, lo primero a revisar es lo correspondiente a la reforma laboral.

Ampliamente conocido es que el mercado laboral es informal, la mayor parte de la población ocupada no tiene acceso a las prestaciones que por ley le corresponden, lamentablemente el problema es que no existe una etapa histórica en la que eso haya sido distinto.

La precarización del empleo permite entender la actual situación de inequidad en la distribución de la riqueza. El análisis de los últimos 60 años pone en claro que el progreso alcanzado se perdió durante las últimas tres décadas, hoy la inequidad, medida por el coeficiente de Gini, es básicamente igual a la de 1950. La razón fundamental es que el empleo en México adolece de las condiciones básicas que conducen a una economía de bienestar.

Durante el periodo del conocido como el “Desarrollo Estabilizador” se buscó generar un modelo de crecimiento económico basado en la producción interna, privilegiando la sustitución de importaciones. Básicamente se intentó que las empresas nacionales y las extranjeras establecidas en México fueran capaces de proveer de insumos intermedios y bienes de capital a la industria. Dicho objetivo no se alcanzó.

La insuficiencia de capital humano, un progreso tecnológico insuficiente, desarrollo regional desequilibrado y una escasa productividad solo fueron algunos de los aspectos que limitaron la posibilidad de que el país pudiera lograr los encadenamientos productivos suficientes para tener un sector productivo sólido, uno capaz de satisfacer las necesidades de consumo e inversión de una población que crecía aceleradamente.

Hoy, a pesar de que existe una menor tasa de natalidad, el PIB per cápita crece marginalmente. La economía nacional sigue adoleciendo de baja productividad y competitividad, la apertura comercial y financiera fueron mecanismos que no propiciaron la modernización del aparato productivo en todo el país. Solo algunas regiones y sectores han logrado avanzar, las que se han vinculado al mercado de Estados Unidos.

Lo anterior es un mal crónico, desde la época del Porfiriato se vio al capital extranjero, y a su tecnología, como la fuente de crecimiento para México. Hoy se sigue apelando al mismo argumento, sin embargo las cifras de capital por trabajador indican que es la inversión privada nacional la que genera la mayor parte de la construcción y compra de maquinaria y equipo con la que se produce y genera empleo.

La inversión extranjera es relevante, pero se requiere de una estrategia históricamente diferente para lograr que su participación genere crecimiento económico sustentable y vinculado con el mercado interno, no solamente con el externo.

Para ello se debe transformar la base productiva, mientras se tengan pequeñas y medianas empresas con una expectativa de vida de un año difícilmente se podrá avanzar.

En la organización industrial de México prevalece la presencia de grandes empresas, las que generan la mayor parte de la riqueza. Lograr una mayor participación de las Pymes en el PIB es deseable, para aumentar el crecimiento y mejorar la distribución de la riqueza.

La cuestión es que no se cambia la historia por decreto, debe generarse un proceso para fortalecer la capacidad innovadora de las Pymes, dotarlas de una mayor capacidad productiva de insumos intermedios y bienes de capital, justamente el pendiente que se tiene desde la época de la sustitución de importaciones.

Para ello se requiere de una gestión pública eficaz, algo no alcanzado en la historia del país.

*Director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico