Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP), socio estratégico de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), informó que la supuesta asamblea de accionistas realizada el pasado 3 de diciembre fue anulada de manera “firme e inapelable” por irregularidades.

Lo anterior, expone, fue informado en la resolución emitida el 13 del presente mes por el Tercer Tribunal Colegiado de lo Civil del Primer Circuito y cuya convocatoria fue solicitada por la minera Grupo México, misma que se llevó a cabo a pesar de las diversas suspensiones vigentes en contra de la misma.

AMP precisa en un comunicado que ni Grupo México ni el juez local que convocó a la citada asamblea tomaron en cuenta los canales legalmente establecidos para su gestión, pues nunca solicitaron su realización al Consejo de Administración, ni al Comité de Auditoría.

Además, señala, durante la supuesta asamblea no se brindaron las condiciones mínimas para garantizar el libre acceso y un proceso de votación ordenado para todos los accionistas, dado que su organización y ejercicio estuvieron totalmente controlados por la empresa minera.

De acuerdo con el reporte, “Grupo México mintió al mercado al afirmar que se había levantado el recurso legal que impedía la realización de la asamblea que ilegalmente convocaron, cuando en realidad existían dos amparos vigentes concedidos a AMP y a GAP” .

Refiere que con la pretendida asamblea de accionistas, Grupo México buscaba cancelar ilegalmente el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (CATT) , convenio por el que AMP ha prestado diversos servicios a GAP para la gestión y operación de los 12 aeropuertos que opera durante los últimos 15 años.

AMP reitera que la resolución del Tribunal Federal emitida como consecuencia de la demanda de nulidad es firme e inapelable, esto significa que se anulan todos los actos relacionados con la supuesta asamblea del 3 de diciembre del año pasado, incluidas sus resoluciones por ser ilegales.

El caso del CATT es sólo una más de las estrategias de Grupo México por tomar hostilmente el control de GAP, el tema de fondo en este conflicto, y que la controversia sobre los estatutos sociales de GAP será resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como fue anunciado en días pasados.

crs