De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones, dado a conocer en 2012, la recomendación para México era reformar cuanto antes la legislación y regulación en la materia con el fin de incrementar la competencia y la inversión e impulsar el crecimiento de la economía.

Dicho documento subraya que la falta de competencia ha tenido como consecuencia precios extremadamente altos para los consumidores y los negocios, lo cual ha frenado la adopción de nuevos servicios. En este sentido, los cálculos de la OCDE revelan que le ha costado a la economía nacional, aproximadamente 25 mil mdd cada año, equivalente a cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El reporte destaca que la competencia ineficaz y la deficiente regulación han traído como resultado que un operador tenga una cuota de mercado de 80% de la telefonía fija y de 70% de la móvil. En los países miembros de la OCDE, la cuota de mercado promedio del mayor operador móvil está en torno al 40%.

Es así como nuestro país se ubica al final de la lista de los países de la OCDE en cuanto a la penetración de mercado en telefonía fija, móvil y conexiones de banda ancha. Los márgenes de rentabilidad del operador preponderante son mucho más altos que el promedio de la OCDE, en tanto que la inversión por habitante es la más baja.

Bajo este contexto, será determinante la discusión que se dé en el Congreso de la Unión sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, enviadas recientemente al Congreso por el Ejecutivo, mismas que complementan la reforma del sector, donde los puntos clave son: regulación de tarifas, acceso a infraestructura, sanciones y desincorporación de activos.

En este sentido, se plantea que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenga el poder de regular tarifas ofrecidas por el operador preponderante del sector con más de 50% del mercado, así como resolver los desacuerdos de esas tarifas entre operadores; solicitar aprobación al IFT para sus ofertas públicas en términos de interconexión con otros operadores, para sus planes de tarifas y paquetes comerciales y proveer acceso a sus redes a competidores para terminar e iniciar llamadas.

El IFT tendrá el poder de ordenar el desprendimiento de activos en casos que sobrepasen los límites de concentración de frecuencias, propiedad cruzada de medios, etcétera.

No obstante el detalle de lo anterior, y dado que algunos actores políticos señalan que la propuesta del Ejecutivo es regresiva, atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional en la materia y compromete el desarrollo de la democracia debido a que se merma la autonomía del IFT, en el IMEF consideramos prudente esperar el resultado de la discusión legislativa.

Si bien en el IMEF estamos a favor de que las leyes secundarias aterricen de tal manera que propicien la competencia comercial de la radio y televisión, generen diversidad y pluralidad de medios en el país y se supervise y vigile objetivamente contenidos por medio de organismos independientes al gobierno, también insistimos en que debe trabajarse en una legislación secundaria, cuyo resultado sea una ley convergente, pro-competitiva, que dote de certidumbre jurídica a todos los participantes del mercado, incentive la inversión privada, ofrezca calidad en el sector con precios competitivos para los consumidores y brinde un desarrollo competitivo integral.

En definitiva, el IMEF apoya la promulgación de leyes secundarias que no generen controversia constitucional, con el fin de que México no postergue más el desarrollo y crecimiento económico que tanto anhelamos los mexicanos y el mes de abril será determinante para conocer si se concreta el marco legal que propicie una sana competencia, o estemos ante un escenario donde lo ya logrado, tenga un efecto regresivo.

Presidente Nacional del IMEF / presidentenacionalimef@imef.org.mx