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Los cambios constitucionales, que sorprendieron por su meta de controlar a los dos mayores poderes económicos en los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión, tardó más de un año en arrancar debido al retraso legislativo a su compromiso auto impuesto de modificar las leyes secundarias en un plazo de 6 meses, que al final se extendieron a 12 meses.

La falta de esta legislación obligó al nuevo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a navegar sin reglas claras para fijar nuevas normas para debilitar la participación de los gigantes América Móvil y Grupo Televisa; además de cumplir en lo más estricto con otras medidas que los legisladores sí exigieron concretar.

“El proceso legislativo es complejo, y es difícil poner un plazo. Quizá el Congreso debería revisar sus procesos más que señalar responsables y culpables”, opinó el ex integrante de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) Rodrigo Morales Elcoro.

El presidente Enrique Peña Nieto firmó la promulgación de la reforma en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia el 10 de junio del 2013, donde se impuso un plazo de 180 días para que el Congreso modificará y creará una sola legislación “convergente”, según el tercero y cuarto transitorios de la reforma que cambió ocho artículos constitucionales.

Pero los nuevos entes, el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), debieron comenzar su trabajo desde septiembre de 2013 pasado, y en el caso del Instituto, tenía hasta marzo de este año para declarar y regular a los dos agentes preponderantes, por lo que no contaron con el entramado legal para este trabajo.

“La aplicación de regulación asimétrica en tiempo era una de las principales motivaciones de la reforma, y se ha materializado”, aseguró Morales Elcoro, quien cree que no era necesario extinguir a los antiguos reguladores, aunque acepta que las nuevas normas contra Televisa y América Móvil hubieran sido “impensables” antes.

El Congreso aprobó en julio pasado la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que entró en vigor en agosto, un año y dos meses después de publicados los cambios.

Ahora se han visto cambios profundos en las reglas, con el IFT avanzando en la regulación contra los dos agentes preponderantes; además del trabajo que realizan los dos juzgados y dos tribunales en telecom y competencia.

También se ha visto entrada de nuevos operadores virtuales en telefonía móvil como Virgin, Maz Tiempo, Coppel o Chedraui, además de inversiones como la de AT&T para comprar Iusacell o firmas que quieren participar en el mega proyecto del operador mayorista, que rebasa los 10 mil millones de dólares (mdd) en 10 años.

Sin embargo las nuevas reglas no han detonado un mercado competitivo, pues las ofertas que han lanzado los operadores en materia de planes y tarifas se han concentrado en el sector ya conectado y de mayor gasto en estos servicios, opinó el director de la consultora Mediatelecom, Jorge Negrete.

“Sí va a haber mayor competencia, y baja de tarifas, en áreas de alta rentabilidad. Pero vamos a tener un abandono, porque la ley no invita a ir a zonas rurales, donde el gobierno deberá suplir la ineficiencia de operadores”.

Algunos de los mayores operadores como Telefónica, Grupo Televisa o Nextel han lanzado ofertas basadas más en el consumo del internet que en el uso de las llamadas, a diferencia de planes tradicionales donde se mezclaba ambos servicios, gracias a la nueva legislación que impide a Telmex y Telcel cobrar la interconexión, aunque debe pagar por ésta a competidores, lo que permite abaratar costos.

“En el caso del agente económico preponderante deben aprobar sus tarifas, mientras todos los operadores pueden hacerlo de manera más rápida; por lo que el Legislativo pensó que castigaba al preponderante cuando al final castigó al usuario”, opinó Negrete.

Telcel y Telmex acaparan cerca del 70% y 80% de los usuarios en telefonía móvil y fija; mientras que Televisa atrae a casi 70% de la audiencia comercial.

México se ubica entre los países con menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de entre los más caros en estos servicios hasta el año pasado.