La reforma energética les quita a Pemex y CFE el privilegio de ser monopolios estatales, de allí la transformación de paraestatales en empresas productivas del Estado, que permite la extracción y refinación del crudo, así como el comercio de gasolina y gas, la construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados por empresas privadas nacionales y extranjeras, entre otras cuestiones.

La reforma energética promulgada el 11 de agosto fue más allá de la propuesta hecha por Enrique Peña Nieto cuando era candidato.

Aunque se haya mantenido para la nación la propiedad original de los recursos en el subsuelo, en realidad es meramente nominal, ya que por las licitaciones las reservas ya podrán ser consideradas como parte de los activos de las empresas que las adquieran.

Para que el espacio dejado por los “monopolios públicos” no lo tomen grandes empresas extranjeras se requiere de un Estado fuerte, con entes reguladores que no estén capturados por aquéllas y con empresas productivas del Estado que puedan realmente estar en condiciones de competir en mercados oligopólicos con altas barreras a la entrada (montos de capital y tecnología), que incluso en muchos países se han vuelto monopolios naturales, no sólo de productos y servicios, sino incluso en sectores completos de la economía.

Es cierto, México ya no podía continuar con el modelo anterior, pero lo que oculta la publicidad oficial, que dice que hasta China y Cuba habían permitido la inversión extranjera privada, es que en dichos países no se ha perdido la rectoría del Estado, y en sentido contrario en otros que han otorgado más facilidades como Noruega, los órganos reguladores son fuertes y han logrado que la renta petrolera generada efectivamente beneficie a la población y no sólo a un sector privilegiado.

En el corto y mediano plazos Pemex y CFE seguirán siendo los jugadores dominantes y se espera “que de la reforma no debe quedar un oligopolio de socios de Pemex”. Sin embargo, esto pudiera ser un buen deseo considerando que los miembros de los entes reguladores estarán bajo el control directo de la Presidencia. Un mal augurio lo tuvimos en días pasados, al enterarnos que el gran ganador de concesiones de infraestructura de transporte es la empresa española OHL, beneficiada en el anterior gobierno del Estado de México; que el nuevo concesionario de la tarjeta IAVE en las autopistas es una empresa del señor Alcántara, ligada al grupo Atlacomulco, quien en un pasado no muy lejano fue beneficiado con el rescate de Bancrecer.

La propaganda oficial ha insistido que tendremos una economía más sustentable con la producción de electricidad usando el gas como una forma de energía más limpia. Sin embargo, la discusión sobre las desventajas del fracking no se dio a pesar de las advertencias de los grupos ecologistas, que enfatizaron sobre los costos externos que se generarán. Existe la preocupación de que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos sea más condescendiente en sus dictámenes.

El asunto que más conflicto social va a generar son las eufemísticamente denominadas “contraprestaciones”, ya que se elimina la expropiación automática que existió desde 1938. Es decir, si una empresa energética le manifiesta a una comunidad o a un pequeño propietario su interés para “aprovechar” sus propiedades, éstos, aunque no quieran, tendrán que ceder el uso de los terrenos, bienes y derechos necesarios, asignándoseles utilidades de 0.5% al 2% y en el caso de gas shale hasta el 3%.

Paradójicamente, a las petroleras extranjeras las beneficiaron con una jugosa expropiación en el siglo pasado; ahora a los mexicanos se les otorgarán migajas, contablemente manipuladas: no es lo mismo el 3% de 5 mil millones de dólares que de 500 millones de dólares de utilidades.

En México las reformas legales, en ocasiones, han generado el efecto contrario al esperado. Por ejemplo, las leyes de Reforma de Juárez convirtieron a las haciendas en grandes latifundios, en lugar de fomentar a los pequeños productores como era su intención. La reforma energética podrá acarrear beneficios, pero en el largo plazo las grandes empresas “nos comerán”, como advirtió Jerry Brown, gobernador de California, si no las controlamos.

*Maestro en Economía